Con una propuesta que calificaron como "paliativa" y "no definitiva", un grupo de diputados del Frente Amplio (FA), acudió este miércoles al Ministerio de Educación para entregar un proyecto de ley que busca aliviar a sus deudores los procedimientos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE). Esto a través de una modificación en la Ley 20. 027, introduciendo un artículo sobre principios que la Tesorería General de la República debe tener en consideración a la hora de ofrecer convenios de pago, entre los cuales están la capacidad económica de la persona deudora.

En una carta a la titular de Educación, María Paz Arzola, los diputados además señalan que "el que el éxito de esta propuesta, depende del patrocinio del Poder Ejecutivo para así avanzar en una tramitación legislativa que busque un acuerdo transversal ante una situación que afecta e inquieta a miles de deudores y sus familias". La diputada Emilia Schneider (FA), dijo que "nos preocupa y nos ocupa el bolsillo de la clase media y de quienes menos tienen. Y el Gobierno, para hacerse cargo del problema de recaudación fiscal, ha iniciado un camino completamente equivocado, culpar a las personas por la morosidad del Crédito con Aval del Estado, cuando aquí lo que tenemos es un problema de una política pública que fracasó".

La diputada Schneider también insistió en que "el Gobierno debe tramitar el proyecto que pone fin al CAE, porque necesitamos una solución definitiva. El CAE no hay que fortalecerlo, hay que cambiarlo y condonarlo y el FES es una solución". Asimismo, la diputada Gael Yeomans (FA), acusó que "están haciendo cobro de procedimientos y que nosotros hemos recibido esas denuncias de personas que no pueden ser embargadas, porque no les alcanzan sus recursos para poder pagar este crédito.

Y para eso consideramos necesario, en primer lugar, hacer un alivio, un procedimiento de alivio al pago del CAE con esta persecución de embargo a aquellas familias". "Por eso estamos diciendo que, en primer lugar, aquellas personas que tienen ingresos menores a un millón y medio de pesos, que no puedan ser aplicables los embargos. En segundo lugar, aquellas personas que están entre el rango de un millón y medio y cinco millones de ingresos, bueno, que a ellas se les tenga que considerar no solo sus ingresos, sino que también los gastos, es decir, la capacidad de pago que tenga esa persona para poder pagar el pie, como también el monto de las cuotas", precisó la diputada Yeomans.

Finalmente, la diputada Constanza Schonhaut (FA), planteó que "más del 70% de los deudores ganan menos de $750 mil. Solo cerca del 2% son estas personas que ganarían sobre $5 millones. Pero aquí se está tratando de aplicar una vara pareja que está afectando a miles de familias trabajadoras que ya les cuesta llegar a fin de mes.

Familias y deudores que, efectivamente, tienen voluntad de pagar, pero que las están dejando contra la pared con las condiciones que le están estableciendo para poder ponerse al día con sus pagos". "Y esperamos poder avanzar, como se ha dicho anteriormente, en una respuesta efectiva a la educación en Chile, a un financiamiento sostenible y justo, que no obligue a los estudiantes a endeudarse para poder cumplir con sus sueños", recalcó Schonhaut. Hace unas semanas, el Gobierno anunció que activaría el cobro de los deudores del CAE, medida que apunta a un segmento específico de morosos, correspondiente a quienes registran ingresos superiores a $1,5 millones brutos mensuales.

Además, la Tesorería General de la República (TGR) informó hace unos días el inicio de embargos y retenciones de bienes financieros a deudores con ingresos mensuales superiores a los $5 millones.