Los asesores, aunque sean de la Moneda, no tienen mando, tampoco tienen responsabilidad ni política ni administrativa. Esta anomalía, que -aclaremos- no es exclusividad de este gobierno, debe atenderse. Se escucha que este fenómeno (asesores de origen extranjero), también se repite en algunos ministerios sensibles.
La ley es clara al respecto: para ser miembro de las FFAA chilenas se debe tener la nacionalidad chilena, bajo las condiciones que estipula la respectiva Ley Orgánica. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, otra de las áreas sensibles del Estado, todos sus miembros han de pertenecer al Servicio Exterior, al cual se accede luego de un competitivo concurso para ingresar a la Academia Diplomática. Obviamente, tanto en Cancillería como en Defensa está reglamentado el manejo y la custodia de la información sensible, pero la pregunta es qué ocurre cuando autoridades superiores demandan información a esos ministerios.
Lo mismo podríamos agregar en materia de seguridad interior, en lo relativo al manejo de la información policial, de la Agencia Nacional de Inteligencia y del nuevo Ministerio de Seguridad. Los niveles de acceso a la información están perfectamente definidos en nuestras instituciones, por lo cual el problema puede surgir cuando parte de esa información sale rumbo a otro requerimiento. Finalmente, agreguemos que la información obtenida vía fuente humana no sólo puede ser requerida por otros servicios de inteligencia.
Desgraciadamente, la experiencia contemporánea nos demuestra que el delito transnacional busca penetrar a los estados, ya sea para intentar comprar a funcionarios, o enterarse con antelación de los planes y políticas que se están diseñando. Este prioritario tema no debemos asumirlo en el marco de la lucha política, ni menos ideológica. Cuidando adecuadamente la información que ayuda a las autoridades para adoptar decisiones adecuadas, cuidamos algo que todos queremos, cuidamos Chile.