Hoy, en Chile, la cuenta de la luz paga un 19% de IVA. Es decir, el Estado grava el acceso a un insumo esencial como si se tratara de cualquier otro bien de consumo. En términos simples, mientras más electricidad necesita una familia, ya sea para calefaccionarse, para estudiar o para vivir, más impuesto paga.

Pero lo más llamativo es ver cómo se comporta el resto del mundo. España, en medio de la misma crisis energética, tomó una decisión clara: reducir el IVA de la electricidad. No fue una rebaja genérica ni desordenada.

Se estableció un criterio concreto, focalizado en los hogares, fijando un límite en la potencia contratada, beneficiando principalmente a clientes residenciales y reduciendo el impuesto desde un 21% a un 10%, e incluso hasta un 5% en los momentos más críticos. Es decir, no sólo reconoció el problema, sino que se diseñó una política pública precisa para aliviar a quienes más lo necesitaban. El mensaje fue inequívoco: frente a una crisis, la electricidad no puede tratarse como un bien de consumo.

Francia, un país con una larga tradición tributaria y un Estado robusto también ha optado por aplicar tasas reducidas de IVA a la electricidad, en torno al 5,5%. No se trata de una medida excepcional o ideológica, sino de una comprensión práctica de que la energía cumple un rol estratégico en la vida de las personas. La señal es clara: incluso economías desarrolladas han entendido que el acceso a la electricidad debe ser protegido, no encarecido, y ahí es donde Chile se queda atrás.

La contradicción es evidente. Por un lado, promovemos la electrificación, impulsamos la transición energética y hablamos de descarbonización. Por otro, encarecemos el acceso a la electricidad a través de un impuesto al consumo.

Eliminar el IVA a la luz o al menos reducirlo de manera focalizada, como lo hizo España, no es una medida trivial. Tiene efectos fiscales relevantes y exige responsabilidad, pero también es una definición política: decidir si la electricidad es un derecho habilitante o simplemente un servicio más. La electricidad es más limpia, más estable y, cada vez más, la alternativa más competitiva frente a los combustibles fósiles.

Y eso implica dejar de gravarla como si fuera un lujo.