Chile envejece a una velocidad inédita. Pero el problema no es demográfico. Es político.

Mientras la sociedad cambia aceleradamente, el Estado sigue funcionando como si nada hubiera pasado, tratando el envejecimiento como un asunto marginal, encapsulado en una institucionalidad específica, como si bastará con asignarle un servicio y algunos programas para dar por resuelto un fenómeno que, en realidad, redefine toda la vida social. Envejecer no ocurre en un ministerio: ocurre en la ciudad que expulsa o integra, en el sistema de salud que acompaña o fragmenta, en el transporte que acerca o aísla, en el mercado laboral que incluye o descarta, en las políticas culturales que reconocen o invisibilizan. Ocurre, en definitiva, en la forma en que una sociedad decide quién sigue importando.

Y hoy, el Estado chileno no está a la altura de esa decisión. Lo que tenemos es fragmentación. Salud ve enfermedades, pensiones ven gasto, vivienda ve déficit, desarrollo social ve vulnerabilidad.

Cada sector administra su problema y cumple su indicador, pero nadie asume el conjunto. Nadie está mirando el envejecimiento como lo que es: la nueva estructura de la sociedad. El resultado es evidente: políticas que llegan tarde, servicios descoordinados y una experiencia cotidiana de vejez marcada por la soledad, la irrelevancia y la pérdida de sentido.

Porque se puede vivir más años, pero no necesariamente mejor. Hemos construido un Estado que protege, pero no integra; que asiste, pero no reconoce; que cuida, pero no habilita proyectos de vida. Chile ya enfrentó antes un desafío de esta magnitud.

Cuando entendió que la desigualdad de género no era un problema sectorial, sino estructural, dio un giro y obligó a todos los servicios públicos a hacerse cargo, incorporándolo en la planificación, en los presupuestos, en los indicadores y en la evaluación. Eso cambió la forma de gobernar. Con el envejecimiento, seguimos en la etapa anterior.

Por eso, la pregunta ya no es qué programas necesitamos, sino qué tipo de Estado queremos construir. La respuesta es clara: un Estado que deje de tratar el envejecimiento como un tema y lo asuma como un criterio obligatorio de gestión. Un Programa de Mejoramiento de la Gestión en Envejecimiento y Vejez no es una innovación técnica, es una herramienta de transformación.

Porque obliga a que cada ministerio, cada servicio y cada política pública se hagan una pregunta básica: ¿cómo impacta lo que hacen en la vida de las personas mayores? Y no basta con declararlo: hay que traducirlo en decisiones concretas, en planificación, presupuesto, indicadores y evaluación. Hay que formar a los equipos públicos para erradicar el edadismo que aún opera silenciosamente en el corazón del Estado y articular sectores que hoy funcionan de manera fragmentada.

Porque sin obligación, todo queda en voluntad. Y la voluntad, por sí sola, no transforma estructuras. Si queremos instalar este debate con seriedad en la agenda legislativa, es necesario avanzar al menos en cinco medidas concretas.

Primero, establecer por ley un Programa de Mejoramiento de la Gestión en Envejecimiento y Vejez de carácter obligatorio para todos los servicios públicos, con metas verificables y evaluación anual. Segundo, incorporar el enfoque de envejecimiento, como criterio transversal en la formulación presupuestaria, de modo que cada sector deba justificar cómo su gasto contribuye al bienestar y la autonomía en la vejez. Tercero, crear un Sistema Nacional de Indicadores de Envejecimiento y Vejez, que mida no solo cobertura de servicios, sino también calidad de vida, participación, autonomía y sentido.

Cuarto, implementar un Plan Nacional de Formación Funcionaria en Envejecimiento y no discriminación por edad, que permita erradicar el edadismo institucional. Y quinto, territorializar el envejecimiento como eje estructural de la acción pública, reconociendo que la vejez no se vive en el nivel central del Estado, sino en el barrio. Esto implica planificar ciudades y comunas en clave de envejecimiento —con servicios accesibles, transporte adecuado, espacios públicos seguros, viviendas adaptadas y redes comunitarias activas, fortalecer a los municipios como primera línea de un sistema de cuidados con capacidades y financiamiento adecuados, y, sobre todo, integrar a las personas mayores como actores del territorio, en la vida comunitaria, la seguridad barrial, la cultura y la construcción de lo común.

Sin enfoque territorial, no hay política de envejecimiento posible, solo programas dispersos. Pero esto no es solo gestión pública. Es una decisión política y ética.

Porque, en el fondo, lo que está en juego es cómo entendemos el valor de la vida en sus últimas etapas. Si vamos a seguir administrando la vejez como un problema que hay que contener o si vamos a reconocerla como parte constitutiva de un proyecto de sociedad. Chile no puede seguir pensándose a sí mismo sin sus personas mayores, no como beneficiarios ni como carga, sino como capital social, experiencia acumulada y posibilidad de futuro.

Tal vez el verdadero atraso no es demográfico, sino institucional. Y mientras no lo enfrentemos, no será la vejez la que fracase. Será el Estado.