El debate estuvo marcado por posiciones contrapuestas. Mientras algunos parlamentarios defendieron la necesidad de recuperar la autoridad en las aulas y responder al aumento de la violencia escolar, otros cuestionaron el enfoque "punitivo" del proyecto y advirtieron la falta de medidas integrales de salud mental y prevención. También surgieron reparos respecto a la eventual intervención policial en espacios educativos y a la posibilidad de perder la gratuidad en educación superior como sanción asociada a hechos violentos.
Durante la discusión se recordó que, según cifras expuestas en Sala, durante el último año se registraron más de 17 mil denuncias por convivencia escolar en la Superintendencia de Educación y que cerca de la mitad de los establecimientos habría debido recurrir a las policías por episodios de violencia.