El Gobierno presentará este martes dos proyectos de ley para enfrentar la violencia en establecimientos educacionales, en un contexto marcado por el homicidio de una inspectora ocurrido hace casi dos semanas en Calama. El hecho aceleró una agenda que el Ejecutivo venía preparando desde antes de asumir, particularmente frente a episodios asociados a violencia escolar y a fenómenos como las acciones de grupos conocidos como “overoles blancos”. El primero en adelantar que vendrían nuevas medidas fue el propio Presidente José Antonio Kast, quien señaló que “se van a requerir medidas que antes eran muy resistidas”.
Las iniciativas serán firmadas en La Moneda por el Mandatario junto a la ministra de Educación, María Paz Arzola, y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. El primer proyecto, denominado “Escuelas Protegidas”, será ingresado a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y busca fortalecer los mecanismos de control y convivencia dentro de los establecimientos educacionales. La propuesta contempla cinco medidas principales orientadas a restablecer el orden al interior de colegios y liceos.
Una de las disposiciones apunta a la posibilidad de inhabilitar para acceder a la gratuidad en la educación superior a estudiantes que hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública. Otra de las medidas permitirá la revisión de mochilas y pertenencias personales de estudiantes y docentes con el objetivo de evitar el ingreso de elementos que puedan ser utilizados para agredir. Según el diseño del proyecto, esta revisión deberá quedar establecida en los reglamentos internos de cada establecimiento y realizarse bajo criterios que resguarden la honra y los derechos de las personas.
La iniciativa también contempla fortalecer las atribuciones de los docentes para aplicar medidas pedagógicas, preventivas y disciplinarias, incluyendo expulsiones de sala o suspensiones cuando se produzcan situaciones que afecten el normal desarrollo de las clases. Además, el proyecto incorpora sanciones frente a la interrupción del servicio educativo, apuntando a episodios como las salidas masivas de estudiantes desde establecimientos que obligan a suspender las actividades académicas. Finalmente, se establecerá la exigencia de que los estudiantes permanezcan “a cara descubierta”, prohibiendo el uso de capuchas, pasamontañas u otros elementos que impidan la identificación facial.
La norma contempla excepciones en casos de salud, condiciones climáticas u otras razones justificadas. También se prohibirá el uso de accesorios o vestimenta que promuevan la violencia, las drogas o conductas delictuales. El segundo proyecto que presentará el Ejecutivo apunta a modificar el Código Penal para establecer una agravante cuando se cometan delitos dentro de recintos educacionales.
La iniciativa busca endurecer las sanciones en casos de hechos delictuales ocurridos en colegios, liceos u otros establecimientos educativos. Con ambas propuestas, el Gobierno busca reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales y avanzar en una agenda legislativa enfocada en enfrentar la violencia escolar.