Esta semana, el gobierno del Presidente Kast encendió un debate urgente con el proyecto “Escuelas Protegidas”. Entre sus medidas, la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria a personas condenadas por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública. El proyecto busca disuadir delitos en contextos educativos.

La intención declarada tiene sentido político. El efecto real podría ser el contrario: cerrarle la puerta de la universidad y del futuro, precisamente a quienes más necesitan que esa puerta permanezca abierta. Para entender por qué esta medida es un error de política pública, hay que apoyarse de la evidencia.

Tratar el delito juvenil como un problema de valores individuales, y la sanción como su corrección natural, es una visión que no da cuenta con lo que sucede, los niños y adolescentes que se suman al crimen organizado, por ejemplo, aceptan participar por la retribución económica y el sentido de pertenencia, porque lo que reciben a cambio es una alternativa a las condiciones de precariedad y falta de proyección en que viven. Los grupos criminales se validan al satisfacer necesidades y adoptar el rol de benefactor en entornos de alta vulnerabilidad social. Las políticas educativas actuales han consolidado al sistema educativo regular en un sistema segregado y excluyente, donde los adolescentes infractores de ley no tienen cabida y por lo tanto desertan en su mayoría al iniciar la enseñanza media, complejizando su trayectoria escolar.

La evidencia sobre educación y crimen es robusta e ignorada. Por ejemplo, en Chile, los municipios donde más personas completaron la educación superior tienen tasas de criminalidad significativamente más bajas. La educación no solo transforma a quien la cursa: transforma también el entorno en que vive.

La gratuidad implementada en 2016 tras años de movilización estudiantil, busca que grupos usualmente excluidos ingresen a las universidades, con potenciales efectos redistributivos y de reducción de las disparidades de ingreso entre grupos. Sus resultados son reales, aunque incompletos. La política se centra en el acceso más que en la permanencia, circunscribiéndose a la duración formal de la carrera, y aún no existen suficientes antecedentes sobre la forma en que esta población estudiantil convive con las dificultades persistentes que rodean su experiencia universitaria.

Entrar no es lo mismo que quedarse. Eso es una crítica legítima. Pero de ahí no se sigue que la solución sea quitar la gratuidad, sino más bien hay que invertir más en permanencia, acompañamiento y condiciones reales de estudio.

La discusión correcta no es a quién excluir, sino cómo lograr que quienes más lo necesitan puedan permanecer y completar estudios superiores. También se ha debatido la posibilidad de limitar la gratuidad a mayores de 30 años, aludiendo al costo fiscal del beneficio, este recorte golpea de manera desproporcionada a las mujeres, ya que son quienes más postergan sus estudios por razones de crianza y cuidado. La ministra de Educación, María Paz Arzola, además señaló que la gratuidad sustituyó en gran medida recursos privados por públicos, cuestionando su impacto real en la equidad de acceso.

Es un argumento que merece debate serio, pero no puede hacerse mirando solo el lado del gasto: debe incorporar también los retornos. La movilidad social generada, la reducción de deuda en familias vulnerables y el aumento del ingreso esperado en el mercado formal, son todos beneficios reales que el Estado deja de contabilizar cuando evalúa la gratuidad solo como línea de egreso en un presupuesto. No contabilizar esos retornos no es rigor fiscal: es una contabilidad incompleta que toma decisiones de política pública como si la educación fuera sólo un gasto y no una inversión.

El problema de fondo es que Chile no tiene una política seria de reinserción educativa para quienes el sistema ya expulsó una vez. Castigar más no reduce el delito. La privación de libertad, sin educación ni proyecto de vida al otro lado, no rehabilita, reproduce.

Chile tiene que decidir qué país quiere ser: uno que castiga dos veces, o uno que apuesta por transformar. La educación superior no es un privilegio, es una de las oportunidades más concretas y menos costosa que una sociedad tiene para no volver a encontrarse con esa persona en una estadística de reincidencia.