Una serie de reacciones y medidas inmediatas trajo lo ocurrido en el Colegio Madres Domínicas de Concepción a raíz de los mensajes anónimos, vía redes sociales, donde se advirtió de un posible tiroteo en el recinto, para este martes. Dentro de los mecanismos activados estuvo la reunión de coordinación, que se sostuvo hasta última hora de la misma jornada, en la Delegación Presidencial, donde participaron desde Educación, Seguridad y Salud. Según el delegado presidencial, Julio Anativia, el objetivo fue abordar la situación de violencia, convivencia y bullying en los establecimientos educacionales integralmente.
Precaución ante los hechos Durante la mañana del martes, varios apoderados se acercaron al establecimiento a conocer sobre la situación en que se encontraban en el colegio, sobre todo para saber qué acciones se realizarían desde la directiva del lugar y cómo se podrían retomar las actividades. Un número importante de apoderados decidió y tuvo la posibilidad de no enviar a su pupilo a clases. La presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Julia Pacheco, señaló que efectivamente durante el lunes en la tarde se enteró de estos mensajes.
Cabe mencionar que se trata de una red social que permite enviar textos anónimos, y afirmó que le parece preocupante que se de este tipo de avisos contemplando la situación nacional respecto de la violencia escolar. “No sabe si es verdad o es mentira, si puede ser algún niño que tiene algún tipo de problema y sea capaz de hacer esto”, comentó. En tanto, el rector del establecimiento, Jorge Toro, indicó que realizaron la denuncia a la PDI el mismo lunes en la tarde cuando tuvieron conocimiento de las amenazas.
Además, se manifestó confiado en la investigación, puesto que se habían presentado avances. “Por nuestra parte vamos a hacer la denuncia a la justicia como corresponde y lo acredita nuestro reglamento de convivencia”, aseguró. En cuanto a medidas, señaló que en primer orden les interesa educar a los estudiantes sobre la importancia de mantener una sana convivencia y que, en materia punitiva, efectivamente deberán adoptar ciertas medidas, puesto que consideró que “se ha puesto en riesgo la salud mental de la comunidad”.
El Dr. Óscar Nail, director del Programa de Magíster de Convivencia Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción y también coordinador “A Convivir se Aprende” (el que duró tres años), analizó lo ocurrido en este caso, viendo una explicación sobre este tipo de actos y su posible prevención. Primero indicó que la principal carencia es la falta de mecanismos para conocer mejor a los alumnos.
“En el sistema escolar en general, privado y público, hay una necesidad de mejorar el conocimiento de los alumnos. Lamentablemente, se visibiliza a los que generalmente quieren echar de los colegios porque tienen mal comportamiento y se visibiliza a veces a los buenos alumnos que son los premiados en deporte, en arte y que son los alumnos que los colegios muestran más”, analizó. Sin embargo, el Dr.
Nail enfatizó que el mayor porcentaje de estudiantes que no pertenece a ninguno de los dos grupos, pasa a ser invisible para muchas comunidades. “Y muchos de estos fenómenos parten en ese tipo de alumnado, los que para el sistema son invisibles, que no son ni los visualmente malos, ni muy buenos”, determinó. “Aquí se necesita un sistema de conocimiento familiar individual y esto obviamente requiere más tiempo, no tanto pedagógico, sino que los profesores tengan esas horas disponibles para ese proceso.
Yo creo que eso algunos colegios lo hacen bien, pero creo que son muy pocos”, especificó Óscar Nail. En cuanto a las posibilidades que llevan a los adolescentes y niños a realizar actos de incitación a la violencia o de amenazas, de acuerdo al criterio del académico, muy probablemente se enmarcan en un proceso de imitación producto de los eventos más mediáticos. “Las noticias respecto de lo que sucedió en Calama y otros hechos que han ido sucediendo durante las semanas en otras ciudades también.
Se van viralizando, como ellos dicen, pero esa viralización es negativa”, advirtió. El docente también señaló que los adolescentes tienen como parte de su desarrollo la visibilización de su identidad. “Y no todos los jóvenes tienen un proceso de identidad acompañado familiarmente o estable.
No todos los jóvenes tienen un proceso identitario regular. Muchos de ellos están inmersos en situaciones de deprivación social, de desconfianza, de falta de apoyo socioemocional, de falta de redes, de falta de expectativas sociales”, explicó. Desde el Gobierno Desde el Gobierno, el delegado Anativia, comentó que la PDI inició de oficio una investigación por el presunto delito de amenazas.
“Esto ha activado mucha preocupación por parte de los apoderados del establecimiento. Nosotros como Gobierno estamos preocupados. Hemos conversado con la Seremi de Educación y con otros actores”, señaló.
Desde la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones el subprefecto Jorge Domke, comentó que “esta brigada está desarrollando diligencias, principalmente, levantando evidencias técnicas que permitan sostener la investigación, además de evidencias testimoniales”. Domke agregó que “esto va encaminado a determinar la identidad del autor y de los responsables del Instagram que habrían materializado las amenazas”. Proyectos de Ley Tal como lo informó Radio UdeC, en paralelo, el Gobierno anunció el envío de dos proyectos de ley con foco en mejorar la seguridad al interior de recintos educacionales, luego del fatal episodio ocurrido en Calama.
“Una de las iniciativas modifica el Código Penal e incorpora como circunstancia agravante de responsabilidad penal cometer un delito en establecimientos educacionales (…) El segundo proyecto, Escuelas Protegidas, faculta a los colegios a revisar mochilas para evitar el ingreso de elementos peligrosos, señala que interrumpir clases será considerado una falta grave a la convivencia escolar e indica que los condenados por delitos no podrán acceder a la gratuidad universitaria, entre otros aspectos”, informó el medio. En esta línea es que la ministra María Paz Arzola afirmó que “la educación y el derecho a la educación, se están viendo amenazados por la inseguridad, por hechos violentos y por delitos que no debieran tener cabida en el espacio escolar”.