También señaló que se podrían “legalizar o normalizar” prácticas como la redirección y uso de contenidos periodísticos, afectando la visibilidad y repercusión del trabajo de los medios de comunicación. Para corregir el artículo planteó, entre otros aspectos, que las obras periodísticas queden “expresamente excluidas de esta excepción”, salvo autorización mediante licencia, y que exista una “compensación equitativa obligatoria” por parte de las grandes tecnológicas. En tanto, el socio de Santa Cruz IP y exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), Maximiliano Santa Cruz, dijo que la redacción del artículo 8° es “particularmente amplia”, porque permite reproducir y analizar obras sin autorización ni pago, con “un límite difuso” basado en la “explotación encubierta”, lo que introduce incertidumbre y rompe el equilibrio propio del sistema de propiedad intelectual.
Consultado si esta excepción aplicaría para medios de comunicación con muros de pago, dijo que “sí correría, de todas maneras”, aunque es más difícil porque tienen “capas de protección tecnológicas que impiden copiar y pegar textos”. Añadió que una de las principales debilidades del proyecto es que no distingue entre usos con fines de investigación y usos comerciales, lo que amplía innecesariamente el alcance de la excepción. A ello se suma la ausencia de un mecanismo de reserva de derechos (opt out), que permitiría a los titulares excluir sus obras de estos usos y recuperar la capacidad de control y negociación, especialmente en el caso de los medios de comunicación, cuyos contenidos son insumos de alto valor para el entrenamiento de modelos de IA.
“Si bien este artículo permitiría tomar los contenidos de un medio con muro de pago, no se está haciendo cargo de que es distinto vulnerar las medidas tecnológicas de protección que usa un medio para acceder a sus contenidos”, dijo. Señaló que la ley de la Unión Europea, por ejemplo, distingue entre dos escenarios: uno para fines de investigación científica y otro para usos generales o comerciales; en este último, “se permite a los titulares reservar sus derechos (opt out). En ambos casos, el acceso a las obras debe ser lícito”.
En tanto, el socio de Porzio Ríos García, Cristóbal Porzio, si bien no descartó la eventual afectación de los contenidos periodísticos, destacó que el límite de “explotación encubierta” está “muy bien escrito”. Planteó que si las plataformas tecnológicas llegaran a reproducir o reformular contenidos periodísticos de manera sustantiva, “estamos infringiendo la norma y la excepción no protege ese hecho”.