Esta semana se supo el fallo de la CGR que destrozó la pieza comunicacional difundida por el Gobierno, donde se afirmaba que “El Estado está en quiebra”. Ya había causado disonancias, y el propio ministro Quiroz, que no se caracteriza por el lenguaje políticamente correcto, la había destrozado por la sencilla razón de que no correspondía a la realidad. El fallo es duro y pone en un problema a la ministra Sedini.

Hay que recordar que pese a todas las teorías que circulan en los medios sobre un poderoso segundo piso o la existencia de Rasputines, la realidad es que, en el ordenamiento chileno, la ministra de la Segegob es la responsable política de las comunicaciones del Gobierno y la última voz al respecto. Por tanto, debe ordenar un sumario y también exhibir responsables ante la opinión pública. Y tendrán que decidir en La Moneda cual es la cabeza que se entrega.

Lee también... "Estado en quiebra": CGR advierte irregularidades y ordena sumario en la Segegob que lidera Sedini Miércoles 29 Abril, 2026 | 13:55 También hay quienes hicieron una comparación de esta frase con la campaña que se llamó popularmente “Los poderosos de siempre”, hecha por la Secom de Bachelet II en el marco de la reforma tributaria que ahora se quiere eliminar. El nombre correcto de esa pieza era “Mitos y Realidades de la Reforma Tributaria” y fue hecha en respuesta a la serie de falsedades que corrían por las redes sociales en relación con el proyecto que se había presentado al Congreso.

En especial la que decía que la clase media iba a ser la más afectada. Es importante señalar que, en ese tiempo, yo ejercía de subdirector de dicho organismo, y por tanto junto con la directora Paula Walker éramos totalmente responsables de dicha campaña, que también tuvo reclamos en la Contraloría. Si la respuesta hubiese sido la misma que ahora, mi empleo de entonces habría quedado en serio riesgo.

Pero entonces el organismo contralor le dio el punto al Gobierno, y el pleno derecho de informar sobre una política relevante como es una reforma tributaria. Alguien comentó que entonces la contralora no era Dorothy Perez, por lo que no había el rigor de ahora. Eso desconoce que la CGR en ese tiempo era dirigida por Ramiro Mendoza, abogado conocido por su sapiencia en el derecho administrativo, y a quien nadie podría encontrarle un ápice de izquierdista.

En la defensa de entonces que hizo la Segegob, y en especial su fiscal de entonces, el abogado Cristobal Osorio, se dejó claro que se estaba cumpliendo plenamente la legislación, y se estaba difundiendo un proyecto de ley en el Congreso. Ese fallo favorable al gobierno de entonces es totalmente congruente con el actual. Veamos por qué.

El dictamen de 2015 de la CGR valida explícitamente el rol comunicacional del Estado. Reconoce que el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede difundir políticas públicas, usar plataformas digitales y explicar reformas complejas en lenguaje accesible. Incluso tolera, aunque recomienda prudencia, el uso de expresiones incisivas propias del lenguaje.

La campaña “Mitos y Realidades” no fue considerada ilegal; pues estaba plenamente en las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones, e incluso entre sus obligaciones. El lenguaje distinto asociado a las plataformas digitales era plenamente consistente con la tesis de Mark Thompson, uno de los mayores expertos en comunicación política, que plantea que funciona solamente cuando las expresiones son tan llamativas, provocadoras o divertidas que en cuestión de minutos la está republicando y reposteando un círculo cada vez mayor de personas. El fallo reciente en relación con la campaña actual no es contradictorio con aquel, pues reconoce que el Estado sí puede comunicar e incluso valida las particularidades del espacio digital, repitiendo el mismo principio que estableció la Contraloría de Ramiro Mendoza del 2015.

El cuestionamiento va sobre si lo que se comunica resiste escrutinio técnico. La frase “Estado en quiebra” no cae por ser dura, ni por ser políticamente incómoda, sino por no ser defendible con evidencia suficiente. Y ahí está la clave, pues Contraloría no está limitando el derecho del Gobierno a comunicar; está exigiendo que cuando lo haga, diga la verdad en términos verificables.

Y si el propio Ministro de Hacienda del actual gobierno le restó credibilidad, era lógico que Dorothy Pérez cuestionara dicho gasto. Esto no es censura ni limitaciones a la comunicación política. Tampoco es un punto para sustanciar esa vieja y roñosa tesis que la mejor comunicación del Gobierno es no tener ninguna.

Esa línea de pensamiento es abdicar de la disputa por el sentido en un espacio que, como advierte Manuel Castells en su libro “Comunicación y Poder”, nunca queda vacío. Si el Estado no explica, otros lo harán. Y no necesariamente con mejores estándares, en especial en las redes sociales con su inmediatez y preferencia por lo polémico.

Sí obliga a la profesionalización forzada de la comunicación estatal. Porque la alternativa del Estado como actor propagandístico sin restricciones es incompatible con el principio de probidad. Y aquí conviene recordar algo básico: los recursos públicos no financian piezas hechas con el lenguaje de Sin Filtros; financian difusión de políticas públicas, proyectos de leyes, beneficios para la población.

Y esa difusión tiene que ser entretenida, llamativa y clara, no parecer el diario Granma. Contradiciendo a los expertos noventeros y a los “sinfiltreros” de este siglo: comunicar de manera efectiva, sí; persuadir en base a falsedades y estridencias, no. Lee también...

Kast por "estado en quiebra" y sumario que ordenó la CGR en la Segegob: "El responsable último soy yo" Jueves 30 Abril, 2026 | 13:48 La comunicación pública no es un accesorio, es una función estructural del poder. Dice Thompson que gobernar en el siglo XXI implica competir por atención en un ecosistema saturado, donde la legitimidad se construye también en la arena informativa. Manuel Castells fue más lejos: el poder es comunicación, y sin duda la construcción de un relato.

Sin éste, no hay reputación ni guía; y sin ambas, no hay gobernabilidad. En este rol decisivo, la Contraloría no se convierte en censor, sino en algo que se echaba de menos: en un árbitro de la honestidad intelectual de la comunicación gubernamental. Y eso, para un sistema político cada vez más acostumbrado a confundir consignas con realidad, es un fallo necesario para este y todos los futuros gobiernos.