Insuficientes le parecen los avances de la Fiscalía a Karin Morales, madre de la joven con Síndrome de Down que fue amenazada por una carta anónima, en Talcahuano. En conversación con Medios UdeC, Morales aseguró que el nombre de la persona, que por ahora sería la presunta responsable y ya apercibida, no concuerda con las características físicas, al igual que la edad, de quien aparece en cámaras de seguridad dejando el escrito. “No me cuadra absolutamente nada con la persona que aparece en el video.

Perfectamente la culpable podría no ser la que se entregó. Por eso necesito respuestas, esto es desgastante y necesito que, por favor, terminemos rápido con esta intranquilidad”, expuso. Con respecto a las pesquisas, desde la Fiscalía Regional, aseguraron que “está en desarrollo.

Se le encargaron a la PDI una serie de diligencias y peritajes”. Y establecieron no poder entregar más detalles públicamente. Para la próxima semana, Karin Morales está citada por el Ministerio Público para sostener una reunión, donde espera que sea con el fiscal titular de la causa.

“Hace unas semanas también la Fiscalía de Talcahuano, me había citado, y en ese caso fue más que nada para ofrecerme medidas de protección. Ahora espero recibir más información”, acotó. “No sé si es una persona responsable o son varias personas, ojalá hubiera una prioridad en casos de niños y más aún con una amenaza que es constante.

A mí me cambió la rutina familiar totalmente desde ese día 16 de marzo”, estableció. La situación actual de la adolescente es que ha sido mantenida al margen de toda información, y está asistiendo a un nuevo colegio en el que cuenta con una “Asistente Sombra” con lo que su madre se encuentra conforme. Pero la opción de cambiarla que tomaron los padres de la adolescente, fue por las circunstancias de no conocer quién fue, en definitiva, la persona que escribió las amenazas.

“Me llamaron de la Seremi de Educación, y me dijeron que había cupos en ciertos colegios, decidí por uno, ya lleva días yendo a clases y ella está fascinada”, comentó y detalló que en el colegio nuevo se hizo cierta concientización de la situación y ha sido bastante bien acogida. Sin embargo, pese a que intenta no demostrar a su hija la angustia que vive, Morales reiteró que “yo lo que necesito es que se investigue más rápido. Necesito encontrar el nexo con nosotros o saber por qué lo hizo.

Cuando la voy a dejar al colegio, estoy pendiente de si viene alguien por detrás de nosotras o por los costados”. Pese a que no todos puedan estar de acuerdo con su actuar, Karin comentó que el hecho de viralizar en redes sociales su caso, ha sido el motor de ser escuchada. Así ha recibido bastante apoyo, pero también han llegado mensajes de odio.

“Yo pensé que la carta era lo único grave que iba a recibir, pero igualmente he leído mensajes muy fuertes”, lamentó. Asesoría legal El abogado de Karin es Jorge Gutiérrez Muñoz, también director la consultora Educa Legal, y quien comentó a Medios UdeC que “la Superintendencia de Educación en Biobío, de oficio estableció la posibilidad de investigar si el establecimiento educacional en el cual se encontraba, cumplió o no con los protocolos en materia de agresión y maltrato, tanto psicológico como físico”. Cabe mencionar que el día en que llegó la carta, horas antes, la adolescente tuvo una desregulación en el colegio.

Situación que también hace estimar que probablemente, ya que no hay certeza de quién llevó esa carta al domicilio, exista una relación con alguien perteneciente a la comunidad educativa. “Basta con revisar la carta para darse cuenta que había ciertos detalles que al menos se puede presumir de que quien redactó puede haber sido alguien de la comunidad”, detalló Gutiérrez. El profesional especificó que el 2 de abril, ante el Juzgado Familiar de Talcahuano, se realizó una audiencia con el objeto de revisar las medidas cautelares que existen a favor de la joven.

“Se estableció que la, por ahora imputada del caso, que es la persona que entregó la carta al domicilio, no se puede acercar al domicilio en el cual actualmente vive. Por un periodo de treinta días más. Porque se habían establecido preliminarmente treinta días”, indicó.

Además, en la misma instancia se designó una curadora ad litem quien debe velar desde el punto de vista de la adolescente en la causa de Familia. “Desde el punto de vista educacional, lo que la familia quiere es que, si los antecedentes arrojan que el establecimiento educacional no cumplió con los protocolos al respecto, que se le sancione desde el punto de vista educacional, esto de acuerdo a lo que establece la ley 20. 529 que regula la Superintendencia de Educación”, comentó Gutiérrez.

En el aspecto concerniente al Tribunal Familiar, las expectativas están en que exista una red de apoyo a favor de la afectada. “Y que esas medidas se extiendan por la mayor cantidad de tiempo posible”, indicó. Y en cuanto a lo penal, la prioridad de la familia es que se logre determinar a los reales culpables de la situación.

“Si no hay una posibilidad de llegar a un acuerdo, cárcel. Ya que las penas, desde el punto de vista, porque por ahora se está acusado de amenaza, son de presidio menor en su grado mínimo, es decir, estamos hablando 61 días a 540 días”, expuso. “Pero si esa amenaza se puede interpretar, de una agresión de atentar con la vida, ya se puede hablar de presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días hasta 3 años”, manifestó el abogado.