Una clara brecha se observa entre la percepción de la ciudadanía y el mundo de los negocios a la hora de identificar sus mayores preocupaciones. Mientras el primer grupo las liga al ámbito económico, en el segundo caso también están presentes elementos como el contexto externo y el factor geopolítico. Así lo constató el Índice de Riesgos para Chile elaborado por Deloitte y Cadem con el objetivo de medir desde dos perspectivas complementarias: la opinión pública y los tomadores de decisión del mundo empresarial.

En marzo, un 64% de la ciudadanía identificó el tema económico como un problema de alta ocurrencia en el país, ubicándose más atrás los riesgos políticos (57%), sociales (51%), tecnológicos (49%) y medioambientales (21%). De esta manera, el riesgo en la opinión pública está directamente vinculado a la experiencia cotidiana de deterioro o presión económica, más que a factores estructurales o de largo plazo. En esa línea, la mayoría considera que entre las principales problemáticas están las alzas sostenidas en el costo de la vida o aumentos bruscos en precios; incrementos en las cuentas de luz, gas o combustibles; problemas políticos, falta de acuerdos que dificulten gobernar el país; y aumento de la delincuencia, narcotráfico o bandas organizadas.

En el caso del panel de negocios -que incluye a 84 representantes de las industrias empresariales más importantes en Chile-, la estructura de riesgo es diferente. Los más altos porcentajes se relacionaron en marzo con el social (45%), el económico (41%) y el geopolítico (38%). Medido para sus empresas, el principal riesgo percibido es el económico (38%), seguido por el geopolítico (30%).

“Influye el hecho de que los empresarios tienen todavía la capacidad de ver el futuro con optimismo y confían en que el gobierno logrará sacar adelante las medidas necesarias para asegurar seguridad y crecimiento”. Roberto Izikson, gerente general de Cadem Las diferencias Para el gerente general de Cadem, Roberto Izikson, la brecha de riesgos detectada responde de manera significativa al aumento que ha experimentado el precio de los combustibles en lo más reciente en respuesta al conflicto bélico en Medio Oriente. “También creo que influye el hecho de que los empresarios tienen todavía la capacidad de ver el futuro con optimismo y confían en que el gobierno logrará sacar adelante las medidas necesarias para asegurar seguridad y crecimiento económico”, añadió.

Lo anterior, precisó, “no se percibe con tanta claridad en la opinión pública, que ha ido perdiendo más bien expectativas con respecto a los resultados, producto del alza del precio de los combustibles”. De todas forma, el CEO de Deloitte, Christian Durán, destacó que empresarios y la ciudadanía sí comparten preocupaciones por la economía y temas sociales. “No son indiferentes a una economía que no crece y que por años sufre altos niveles de desempleo.

Pero para unos el impacto emocional y vital es directo, en la medida que puede ser una fuente de vulnerabilidad tangible, que golpea su vida diaria y familiar en forma instantánea. Las empresas, en cambio, tienen que saber aislar las emociones y hacer lecturas más racionales”, explicó. Además, se da una brecha respecto a la incertidumbre que ambos grupos observan para Chile en los próximos seis meses.

El 45% de la ciudadanía percibe un nivel alto de incertidumbre, 27% un nivel medio y 26% bajo. Mientras que la mayor parte del panel de negocios (75%) percibe una incertidumbre media, 14% un nivel bajo y 13% alto. “La presión económica cotidiana es hoy el principal riesgo percibido por los chilenos, y la brecha entre lo que vive la ciudadanía y las expectativas de recuperación exige respuestas concretas, no solo proyecciones”, opinó la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel.

Mientras que el empresario Pablo Zamora consideró que “la instalación del gobierno no ha sido la adecuada. Ha generado mayor incertidumbre de la esperada y un clima de polarización que genera de algún modo desconfianza en las instituciones y deslegitima algunas políticas que se han tratado de implementarse en los periodos presidenciales anteriores”.