Informe revela que Biobío es la tercera región con más causas por crimen organizado El crimen organizado duplicó su presencia en el sistema penal chileno durante la última década, aunque menos de un tercio de las causas termina con condenas. Así lo reveló un informe elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián, que analizó la evolución de la persecución penal entre 2014 y 2024, identificando importantes desafíos para el Ministerio Público y las policías, especialmente en regiones como Biobío. La investigación concluyó que las causas vinculadas al crimen organizado aumentaron un 167,7% en el país, pasando de 39 mil 795 términos en 2014 a 106 mil 544 en 2024.

Además, según el informe, estos delitos duplicaron su peso dentro del sistema penal, pasando de representar el 2,4% del total de causas a un 5,2%. La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Camila Astraín, explicó que el análisis permitió observar un crecimiento sostenido de este fenómeno en el país. Uno de los principales hallazgos del estudio apunta a las dificultades para lograr condenas efectivas.

Según el informe, actualmente solo un 27,8% de las causas asociadas al crimen organizado termina en sentencias condenatorias. "Todo el resto de las causas se finalizaron por algún otro tipo de término judicial o no judicial; es decir, donde no hubo participación de un tribunal", detalló Astraín. El informe evidencia además un fuerte incremento de los archivos provisionales, mecanismo utilizado cuando no existen antecedentes suficientes para continuar una investigación.

De acuerdo con la investigación, este tipo de cierre aumentó un 264,8% en la última década y hoy representa el 33,5% de los términos a nivel nacional. "Los archivos provisionales concentraron la mayor cantidad de tipos de cierres que se presentaron, lo cual nosotros creemos que da cuenta de los desafíos, no solo en términos de volumen que tiene el sistema en su conjunto, sino también de cómo hacer la persecución penal de este tipo de delitos que son más complejos", sostuvo la investigadora. REALIDAD EN BIOBÍO En el caso del Biobío, el estudio posiciona al territorio como la tercera región del país con mayor cantidad de causas asociadas al crimen organizado, concentrando el 6,6% del total nacional durante los últimos diez años.

En ese período, las causas concluidas aumentaron un 175,6%, registrándose un total de 46 mil 536 salidas judiciales y no judiciales relacionadas con delitos vinculados a drogas, armas y violencia, según cifra el informe. "Las principales causas estuvieron asociadas a drogas, armas y violencia. También han tenido un aumento al comparar 2014 con 2024 del 170%", indicó Astraín.

La dimensión más frecuente en la región corresponde a delitos asociados a drogas, que de acuerdo con el estudio representan el 64,8% de las causas. Dentro de esta categoría predominan el microtráfico, el tráfico ilícito de drogas y otros delitos contemplados en la Ley 20. 000.

En segundo lugar, aparecen los delitos relacionados con armas, equivalentes al 24% de las causas, según el informe, donde destacan la tenencia ilegal, el porte de armas y los disparos injustificados en la vía pública. La violencia asociada al crimen organizado representa un 6,3% de los casos, de acuerdo con la investigación, y contempla delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y extorsiones. El informe advierte además que la región presenta indicadores más desfavorables que el promedio nacional respecto de las condenas y archivos provisionales.

"Cuando analizamos los tipos de términos que se aplicaron, acá vemos que la región estaba ligeramente peor que lo que aparece a nivel nacional, porque en vez del 27,8% de sentencias condenatorias, en la región del Biobío es el 25,8% y los archivos provisionales a nivel nacional son un 33,5%, mientras que en la región del Biobío alcanzan un 39,5%", precisó la investigadora. DESAFÍOS DEL SISTEMA El estudio también aborda los desafíos futuros que enfrenta el sistema de persecución penal, especialmente frente al aumento de delitos complejos y nuevas modalidades criminales. Entre ellos destacan la necesidad de mejorar la coordinación institucional, fortalecer la especialización investigativa y aumentar la capacidad técnica para enfrentar delitos digitales y estructuras criminales organizadas.

"Hay varios desafíos. Por un lado está cómo poder gestionar de forma más efectiva el aumento en el volumen de las causas, pero también otros que tienen que ver con la especialización en el tipo de investigación que se requiere", explicó Astraín. La investigadora agregó que muchos de estos delitos operan bajo modalidades complejas y digitales, lo que dificulta la obtención de evidencia.

"La ciberdelincuencia es uno de los principales desafíos que también el sistema está mostrando ineficiencias en su persecución. Entonces, la especialización de los distintos agentes encargados, policías, fiscalía y las dinámicas para generar evidencia probatoria en estos casos, creemos que son los principales desafíos que tiene el sistema en su conjunto", concluyó.