En 2021, dos amigos fueron imputados por presuntamente intentar atropellar a un funcionario de la PDI durante una fiscalización, instancia en que un detective disparó e hirió al conductor. Ambos, junto a la madre de uno (detenida en un allanamiento posterior), pasaron meses en prisión preventiva. Tras el juicio oral, los tres fueron absueltos al no probarse que los policías se identificaran ni que portaran armas.
Hoy exigen indemnización y acciones contra los funcionarios.