La comisión de ética creada en el concejo municipal para evaluar el caso de Juan Patricio Godoy y las acusaciones de agresiones físicas y verbales contra algunos de sus colegas llega a su fin. Se dan por acreditados los hechos, luego de una investigación que incluyó declaraciones de los afectados, pero no del acusado. Él se excusó.

Dice que la comisión es ilegal, inconstitucional, que ha solicitado un informe a Contraloría. Pedir un informe se transforma en un nuevo certificado o licencia. Una explicación para dejar de hacer, de ir, de responder.

Esta comisión está establecida en el marco del concejo municipal y su reglamento, aprobado por los mismos concejales. Como suele pasar, sobran las explicaciones para no hacer lo que hay que hacer. La sentencia: censura.

¿Qué se entiende por censura? ¿Cómo se aplica? Nadie sabe.

El alcalde dice que es la primera vez que pasa algo así. Habrá que ver. ¿Se puede sancionar algo que no tiene ni una aplicabilidad real?

Sí. Las palabras intentan ser medidas concretas, pero no lo consiguen. La idea de hacer un llamado se transforma en una llamada perdida.

La burocracia del respeto pierde su oportunidad de realmente cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Ganaron algo los vecinos de la comuna con este proceso? Sí.

Toda la comunidad puede ahora saber que la comisión de ética no sirve de mucho, básicamente porque su poder sancionatorio no existe, ni las autoridades a cargo saben cómo se aplica. Además, la comisión tiene costos. Saca a las autoridades de su trabajo representantivo para atender los problemas que hay entre ellos.

Concejales fiscalizando concejales. Horas de trabajo que deberían ir al servicio de los vecinos, destinadas para resolver estos problemas. ¿Para qué?

Cuando mucho, es apenas un castigo social, un reproche público, que como tal, no consigue mayor efecto. Tanto es así, que mientras el alcalde menciona que el llamado es a mejorar el trato, el concejal Juan Patricio Godoy aplaude sarcásticamente a sus colegas del concejo. Luego, interviene para interrumpir una y otra vez al alcalde, sabiendo que no era su turno, pero qué importa, insistió en hablar, alzando la voz.

El alcalde tuvo que silenciarlo y llamar al orden en más de 5 oportunidades. La audiencia observa el triste espectáculo con desgaste. Lo que ha pasado esta semana en el concejo municipal de Puerto Varas delata un problema político, representativo, ético y moral, que por cierto, incluye fondos que son de todos los vecinos.

Si las autoridades están preocupadas de lo que pasa entre ellas, ¿cuándo se preocupan de los vecinos? ¿Antes, durante, después? El acto representa un bochorno en un contexto de diversas urgencias sociales que merecen inmediata atención.

Pero, la sesión se inicia para hablar de los problemas entre concejales. En este caso, quienes apoyaron políticamente al concejal Godoy en su candidatura deberían dar una explicación. Invitaron a votar por él, pero desde hace meses se desmarcan de su desempeño.

Era una recomendación sin garantías. Y ahora, el representante obliga a gastar plata y tiempo en hablar de él. La dimensión personal no excusa al vínculo político que explica su presencia.

Tal vez ellos también deberían pedir disculpas. Para algunos la política del espectáculo, el grito, el sarcasmo, puede parecer adecuada, pero eso es parte del problema. ¿A quién representa la falta de respeto?

¿A quién alimenta el espectáculo? Los procesos ante el tribunal electoral podrían cambiar las cosas, pero, no hay ni una garantía de que así sea, sobre todo porque la causa política se pierde cuando se trastorna en una causa judicial. La judicialización tiene aliento de resignación.

La política comunal ha sido derrotada en la delegación de su propio destino. En el acto, que queda en acta, demuestra con la comisión de ética y su poder sancionatorio que no tiene herramientas para corregir el curso de los hechos. La condición de inédito del caso no consigue explicar el vacío.

La inutilidad es un síntoma del problema. El vacío carga con la desolación. En el momento que un concejal agrede al otro, la derrota está decretada.

Quienes la padecen son los vecinos. La burocracia del respeto tiene un costo que pagan todos los vecinos. Esa condición también merece una comisión de ética.