Siguen las reacciones a la decisión del gobierno de incluir en el proyecto misceláneo de reconstrucción un crédito tributario enfocado en reducir el costo efectivo de contratar trabajadores. El esquema contempla cubrir hasta un 15% de la remuneración bruta y se aplicaría como descuento contra el Pago Provisional Mensual (PPM), sujeto al cumplimiento de las obligaciones, con el fin de beneficiar a empresas que mantengan contratadas formalmente a personas con sueldos inferiores a 1,5 ingresos mínimos mensuales (IMM). Según expuso una minuta elaborada por Fidel Bennett, Nicolás Selamé, Nicolás Ratto y Sergio Herrera -todos exintegrantes del Ministerio del Trabajo en la administración Boric- la medida no tendría el impacto esperado por el Ejecutivo.

El grupo, basado en datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos de INE 2024 (ESI) y el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre de 2025 del Banco Central -en particular el recuadro que analizó el impacto del salario mínimo en el empleo- dimensionó el efecto. Acorde con la ESI estimaron que al menos 2. 232.

968 trabajadores asalariados privados formales estarían en el rango salarial relevante para el subsidio (0,01 IMM y 1,49 IMM). De estos, 716. 417, es decir cerca de un tercio, se desempeñan en grandes firmas.

“Esto quiere decir que una fracción muy relevante de los recursos involucrados en esta medida no va a MiPYME, sino a grandes empresas que pagan bajos salarios”, expuso el texto. Asumiendo distintos escenarios de sueldos, el costo anual del crédito tributario estaría en torno a US$ 1. 728 millones, y tendría una “baja capacidad creadora de empleo, entre 38 mil y 50 mil empleos más, una proporción muy menor comparada con las 860 mil personas desocupadas y muy poco eficaz si la meta es una tasa de desocupación de 6,5% a 2030, lo que es declarativo de que no es en realidad una política de empleo, sino una política tributaria más de este proyecto de ley”.

Consultado por el tema, Fidel Bennett, exjefe de Políticas de Empleo, Ministerio del Trabajo y socio del Estudio La Firma, consideró crucial conocer el informe financiero de la iniciativa para dimensionar su impacto. No obstante, recalcó que, con la información conocida hasta el momento, es una política pública “muy costosa para el país en términos de recaudación, y genera poco empleo”. El respaldo Quien también se refirió al tema este lunes fue la excandidata presidencial y profesora de la Universidad de Santiago, Jeannette Jara.

En conversación con T13 Radio, dijo que “hay herramientas en estos anuncios que se han hecho, anuncios misteriosos porque todavía no conocemos el proyecto de ley, que pueden ser interesantes de revisar”. En su opinión, “podría ser un buen impulso una de las cosas que propone el proyecto del Presidente Kast, que se entrega un crédito por remuneraciones, o sea, un descuento a las empresas que más contraten gente, ojalá eso tenga un foco especial en las PYME”, y agregó que eso podría hacer más intensiva la mano de obra en algunos sectores. Consultada por el curso del proyecto, Jara afirmó que “votaría a favor de la idea de legislar, porque los debates no se pueden negar en Chile.

Al contrario de algunas personas, por más que discrepe incluso de fondo, uno no puede negarse a debatir. Lo que sí me parece es que hay que negarse de fondo a temas como rebajarles los impuestos a los más ricos del país”.