En una extensa sesión el pasado 11 de mayo, la autoridad también detalló los ejes principales de cómo continuará el funcionamiento de la instancia. Mira explicó que desde el Ejecutivo identificaron tres puntos de intervención: la gestión de recursos y el diseño ejecutivo; el alcance de los procesos de escucha a las víctimas; y en tercer lugar, la coordinación intersectorial y el acceso a la información. En relación con las mejoras en eficiencia del espacio, el subsecretario ejemplificó con los procesos de escucha a las víctimas.

“Al 11 de marzo del 2026, los comisionados me hicieron ver que a ese momento teníamos 233 escuchas obtenidas, número que a la fecha del 6 de mayo de este año asciende a 299. Pero esas 233 escuchas, considerando los 28 profesionales desplegados, daban más o menos un promedio de una escucha por profesional. Es importante aclarar que no se trata de buscar una cifra ideal a la cual se quiera aspirar, porque entendemos que esto es un proceso voluntario, extremadamente doloroso y exigente para quienes presentan su testimonio.

Sin embargo, creemos que los dos profesionales desplegados en regiones escuchando a una persona en promedio mensual es una oportunidad que podemos mejorar con distintos tipos de coordinaciones”, declaró. Asimismo, la autoridad también se refirió a la calidad “ad honorem” de los comisionados, ya que uno de los ajustes a partir del 1 de mayo de este año fue que los profesionales pasaron a estar en calidad de no remunerados. “Quiero señalar que esto no es novedad.

Así se realizó, por ejemplo, la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Así se realizó también en la Comisión Asesora para la Actualización de la Medición de la Pobreza durante la administración del Presidente Gabriel Boric, y en la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Por tanto, detrás de la decisión no hay nada en desmedro del funcionamiento”, afirmó.

Este lunes, durante la Comisión de Familia de la Cámara, los excomisionados respondieron al Gobierno y explicaron que la razón de las renuncias tenía directa relación con la pérdida de autonomía de la Comisión Verdad y Niñez, además de no ser escuchados en el proceso de reestructuración de la misma. Los profesionales alertaron que el pasado 17 de marzo presentaron una propuesta formal con modificaciones concretas, entre ellas, una rebaja presupuestaria con el ánimo de hacer ajustes y cambios específicos en los equipos de trabajo, y que, sin embargo, no fueron escuchados. Lo anterior –según explicaron– repercutió en lo requerido por el derecho internacional y los estándares éticos de las escuchas de las víctimas.

“Se ha producido un quiebre profundo a partir de las intervenciones por parte del subsecretario. Creo que hay una enorme diferencia entre decir que se va a mantener la comisión y lo que se hace, que es poner en juego una serie de decisiones que la desmantelan. (…) No se mantuvo la continuidad del equipo de escucha y, en segundo lugar, no se aseguró la continuidad de trabajo de las personas que estaban ahí.

Una comisión de verdad debe tener estabilidad”, declaró frente a los parlamentarios el psicólogo de la Universidad de Chile y excomisionado, Matías Marchant. “Ha sido pasada a llevar la autonomía” En un punto de prensa posterior a su comparecencia en el Congreso, Soledad Larraín, expresidenta de la comisión, destacó la importancia de entender el trabajo de esta instancia como uno que trasciende los diferentes gobiernos, considerando que se investigan las violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la custodia del Estado, entre el año 1979 y 2024. “Por eso hoy día es tan grave que haya sido pasada a llevar la autonomía de esta comisión de Estado por parte del Ministerio de Justicia, a través de su subsecretaría.

Se desmanteló la comisión, terminando los contratos de la mitad de los profesionales que estaban en regiones, que estaban tomando los testimonios, que es un rol central de una comisión de verdad”, señaló. En esa línea, Larraín manifestó que “ojalá con esta renuncia haya una reflexión para poder continuar con una responsabilidad de Estado comprometida en el país y también con los organismos internacionales que generaron esta comisión”. Por su parte, la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Familia, Lorena Fries, acusó al Gobierno de intervenir “de manera grave”, lo que puede impactar en “la responsabilidad internacional del Estado de Chile”.

La parlamentaria también denunció la aplicación de un “ criterio economicista” por parte del Ejecutivo, al señalar este que la comisión “no sería eficiente porque recaba un testimonio al mes”. “Se ha querido cuantificar sin entender la lógica de las violaciones a los derechos humanos que son cometidas por agentes estatales y, por lo tanto, fundan una tremenda desconfianza sobre el Estado. Con esta intervención, lo único que se hace es enviar una señal de falta de legitimidad de un órgano que debiera tenerla por parte de todos los chilenos y las chilenas.

Más aún, se da una señal de desconfianza respecto de muchos testimonios que todavía no se entregan a la comisión”, advirtió la diputada Fries.