Varios exfuncionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dieron el paso al sector privado y crearon, en febrero pasado, la consultora Inteligencia Ambiental. El foco es claro: que la tramitación ambiental no sea una ordalía y que los permisos para realizar un proyecto de inversión se obtengan de manera ágil, siendo a la vez un aporte al desarrollo del país. Los socios fundadores de la nueva entidad son el abogado Juan Cristóbal Moscoso, quien fue jefe de división evaluación ambiental y participación ciudadana del SEA, y Camila Carrasco Hidalgo, exjefa del departamento de estudios y desarrollo de dicho servicio entre 2023 y 2025.
A ellos se sumó luego Carmen Luz Morales, quien lideró el departamento de estudios y desarrollo del servicio entre 2025 y 2026 y ahora es directora de proyectos. Otro fichaje fue Valeska Naranjo Dawson, la única del grupo que no viene del ámbito público y también es directora de proyectos. En los pocos meses que llevan activos, la firma ya tiene clientes del sector minero y energético y suscribieron una alianza con Tellus Mining, una de las consultoras de ingeniería para el sector minero más grandes del mundo.
Camila Carrasco explicó que el objetivo de la asociación con Tellus es contar con una mirada y gestión integradora en todas las fases de la gestión de un proyecto, debido a que normalmente varias entidades se hacen cargo de distintos aspectos pero no conversan entre sí. Y tomando en cuenta que un factor crítico en el proceso ambiental es el tiempo -y que una demora supone más costos- la exjefa del SEA señala que la nueva consultora integra herramientas de inteligencia artificial “para anticipar brechas, reducir tiempos de tramitación y dar certeza para ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”. De hecho, Valezka Navarro agregó que buscan hacer “buenos proyectos”, con “rigor técnico y sistematicidad de datos” de manera de asegurar el cumplimiento normativo y la implementación exitosa del proyecto, dado que las iniciativas de inversión deben ser un aporte al desarrollo del país y “una instancia de relación de largo plazo con las comunidades y territorios”.