Más de 60 investigadores, académicos y especialistas en criminología y justicia firmaron una carta pública manifestando su preocupación por la recomendación del Ministerio de Hacienda de eliminar o reducir presupuesto a diversos programas vinculados a reinserción juvenil, apoyo a víctimas y combate al crimen organizado. En el documento, titulado “Seguridad pública: La necesaria consideración de las políticas basadas en evidencia”, los firmantes advirtieron que la reducción de estos programas podría tener efectos negativos tanto en seguridad pública como en sostenibilidad fiscal. “La evidencia nacional e internacional es consistente en señalar que estas intervenciones no constituyen un gasto prescindible”, sostuvieron.
Respecto a los programas de reinserción y justicia juvenil, los expertos señalaron que las medidas en medio libre, libertad asistida y programas de integración social presentan menores tasas de reincidencia que la internación cerrada, especialmente en adolescentes y jóvenes de bajo y mediano riesgo. “Debilitar estos programas, especialmente en contexto de plena implementación de reforma en justicia juvenil, implica, entonces, mayor reincidencia, más víctimas y un aumento del gasto penitenciario futuro”, afirmaron. La carta también defendió la continuidad del Programa de Apoyo a Víctimas, señalando que cumple una función clave en la reparación del daño y en la colaboración de las víctimas con el sistema penal.
Según el texto, “las víctimas que reciben apoyo psicosocial y jurídico temprano presentan mejores procesos de recuperación y una mayor colaboración con el sistema de justicia”. Asimismo, los especialistas alertaron sobre eventuales recortes a las Corporaciones de Asistencia Judicial y al futuro Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, advirtiendo que comenzar esa institucionalidad “con un presupuesto debilitado puede comprometer seriamente el cumplimiento de su mandato legal”. Otro de los puntos cuestionados fue la posibilidad de descontinuar el financiamiento de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.
Los firmantes reconocieron que existen observaciones sobre su ejecución financiera, pero sostuvieron que el camino correcto es perfeccionar la política y no reducir recursos. “Resulta especialmente preocupante la propuesta de descontinuar el programa de financiamiento de la Política Nacional contra el Crimen Organizado”, indicaron. La carta también enfatizó la importancia de la prevención social del delito, particularmente en niños y adolescentes.
En esa línea, citaron evidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalando que “las mejoras en la calidad de la educación temprana y el mayor acceso a servicios sociales en la niñez se asocian a menores tasas de delincuencia en la juventud y adultez”. Finalmente, los especialistas hicieron un llamado a que las decisiones presupuestarias se adopten “sobre la base de evidencia empírica”, considerando tanto su impacto en la seguridad pública como en la sostenibilidad fiscal. La carta completa y los firmantes en el siguiente link.