Como académicas e investigadoras en materia de salud y migración, manifestamos nuestra preocupación por el uso de la expulsión como política migratoria, tal como lo ha planteado el actual gobierno del presidente José Antonio Kast, y advertimos de los efectos nocivos para la cohesión social que tiene la espectacularización de este instrumento como supuesta medida de control y seguridad. Partimos de la premisa de que el Estado de Chile tiene el derecho y el deber de regular la migración, estableciendo las condiciones de ingreso, permanencia y expulsión. Si bien las expulsiones son un instrumento jurídico vigente, estas deben darse respetando las disposiciones constitucionales sobre el debido proceso y los estándares internacionales identificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El uso intensivo de la expulsión como medida migratoria es una estrategia ineficaz y dispendiosa que, además de atentar contra los derechos de las personas migrantes, atenta contra los propios intereses de nuestro país, pues una parte importante de las personas en situación irregular son un aporte concreto a la economía de Chile. Según los datos recabados en el reciente proceso de empadronamiento de personas en situación irregular, más del 81 % tiene educación secundaria o más, y un 35,2 % educación superior, cifras comparables —e incluso superiores— a las de la población chilena. Además, casi la mitad cotiza en salud y pensiones, mostrando una disposición real a contribuir formalmente a la economía.
Pero el punto más significativo es de carácter humanitario: el 72 % de las personas tiene hijos, en su mayoría menores de edad, que viven en Chile. Las expulsiones no solo afectan a individuos: profundizan la precariedad de familias completas y vulneran el derecho de niños y niñas a vivir en familia. Insistir en una política centrada en expulsiones masivas no solo es deshumanizante, también es ineficaz.
La evidencia muestra que estas medidas tienen límites reales —costos, dificultades operativas y falta de cooperación internacional— y no garantizan mayor control ni seguridad. No existe evidencia científica que vincule un mayor número de expulsiones con un aumento de la seguridad. Al contrario, las investigaciones muestran que la exacerbación de discursos que estigmatizan el racismo y la xenofobia debilita la cohesión social de los países de acogida e impacta negativamente en la salud poblacional (Cabieses et al.
, 2024). Además, priorizar respuestas punitivas por sobre soluciones estructurales de largo plazo debilita la integración y aumenta los riesgos sociales si no se respetan los derechos humanos. Haber empadronado a esta población sin avanzar en la regularización fue un error de la administración anterior, por lo que hoy advertimos los efectos que la persecución y el acoso de la población migrante tendrán sobre la sociedad en general.
Regularizar no es premiar la irregularidad. Es dar una señal de control de la política migratoria; es ordenar, proteger, dar seguridad y aprovechar el capital humano que ya es parte de esta sociedad y está contribuyendo diariamente a su construcción.