La venta informal de fármacos es un problema crónico en Chile, y que se ha arrastrado en el tiempo, pero la llegada de opioides de alta potencia al comercio ambulante eleva el riesgo a una nueva dimensión, pudiendo colocarnos a un paso de las crisis de sobredosis masivas que hoy afectan a otros países. Como sociedad, no podemos permitir que el medicamento se despoje de su esencia terapéutica para convertirse en una mercancía peligrosa. La solución no solo pasa por más patrullaje, sino por reforzar la fiscalización del Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCh), digitalizar de forma íntegra y obligatoria la receta de estupefacientes y, por sobre cualquier cosa, educar farmacéuticamente a la población sobre el riesgo de adquirir "salud" en lugares no autorizados.
La farmacología y la medicina trabajan para salvar vidas, pero su efectividad depende de un marco legal y sanitario que impida que estas potentes herramientas terminen en las manos equivocadas. Desde hace un tiempo, la farmacia ha salido a la calle de la peor forma posible, y el costo de no reaccionar a tiempo puede traducirse, lamentablemente, en la pérdida de vidas humanas.