El miércoles recién pasado, luego del proceso de negociación colectiva por el cual transitó el sindicato de trabajadoras y trabajadores de Fundación Tierra Esperanza, la organización no ratificó la huelga, aun cuando la empresa no cedió a ninguno de los puntos del petitorio, entre los que se encontraban mejoras en el bono de locomoción, colación y viajes interregionales por motivo de trabajo, cosas que, según las mismas dirigentes, “constituían un piso mínimo”. La decisión del sindicato fue tomada luego de que la fundación no aceptara ninguna de las propuestas de los trabajadores, aun cuando la Inspección del Trabajo fue el ente mediador entre las partes, debido justamente a la negativa que tuvo la empresa y que sostuvo hasta el final del proceso. En palabras del abogado Miguel Downey de la Defensoría Popular, “la fundación se mantuvo durante todo el proceso en una postura bien intransigente e inflexible.
No quiso dar mejoras en el contrato colectivo. Entonces, la asamblea el día miércoles 22 de abril, decidió que el sindicato hiciera uso de la facultad del Artículo 342 del Código del Trabajo, que es suscribir un contrato colectivo equivalente al piso a la negociación, pero con una duración de 18 meses para volver a negociar. Y esto se explica por qué, efectivamente, la fundación tuvo esta postura”.
Esto significa que el sindicato de trabajadores acepta el piso mínimo, lo que quiere decir que se mantienen las condiciones que ya habían conseguido en la movilización anterior, y que luego de esos 18 meses se vuelve a las conversaciones y a la negociación entre las partes. “Esto sienta un mal precedente”, menciona enfática Claudia Bustamante, dirigente del sindicato de trabajadores. “Nos obligan a tener que aceptar estas condiciones deficientes, someternos a tener que discutir sobre la relación laboral con tu jefe en una relación directa que jamás va a ser igual”, continúa tajante.
Frente a esto, es que las dirigentes del sindicato, cuestionan las condiciones no solo contractuales en términos de los “beneficios” acordados, sino también la precarización laboral a la que se ven enfrentadas como obreras de lo social, todos los días. “No debemos normalizar que las empresas nos den respuestas que sean así de precarias y así de autoritarias”, señala Bustamante. Esto, debido a que, aun existiendo la mediación de la Inspección del Trabajo, la Fundación Tierra de Esperanza -que se jacta de trabajar desde 1997 con más de 5 mil niñas, niños y adolescentes con el propósito de “contribuir a que se sientan apoyados, protegidos y defendidos frente a la injusticia y falta de oportunidades”- hizo caso omiso a las demandas económicas de las y los trabajadores, aun cuando estas contribuirían directamente en la mejora en la calidad del servicio proporcionado a las infancias y adolescencias beneficiarias de los programas que ejecutan.
Piso mínimo, precarización máxima “Un proceso de huelga es un proceso en el que se ve sometido tu cuerpo. Esto es una invitación a repensarnos a nosotros mismos, a repensar en nuestras condiciones laborales, darnos cuenta que somos trabajadores igual que el resto, que el hecho de haber podido acceder a estudiar en la universidad no nos hace menos obreros que otros”, manifiesta Bustamante. Esto, a propósito de que trabajadoras y trabajadores de fuera de la Región Metropolitana, deben atender infancias y adolescencias que no siempre viven en la ciudad o localidad en la que ellos trabajan, teniendo que trasladarse hasta otros territorios con viáticos que denuncian como “bajísimos”, pernoctando fuera de sus casas para alcanzar las metas cuantitativas de intervención exigidas por el servicio, sin que este otorgue a sus trabajadores las condiciones necesarias para hacerlo.
Para compensar tal condición, la fundación otorga un día compensatorio que debe ser tomado en la fecha que la empresa diga, medio día compensatorio en otros casos, o en su defecto, ninguna jornada compensatoria por haber dormido fuera. Esta situación, la dirigencia de la organización la toma como un disfraz: otorgan cierta “flexibilización laboral” a cambio de precarizar profundamente las condiciones de trabajo. “Todas estas situaciones responden a un tener que ceder sin orgullo, por así decirlo, ceder con toda la flexibilidad, que es lo que han hecho los empleadores históricamente, flexibilizar el trabajo a cambio de perder beneficios ya obtenidos”, señala Bustamante.
El sindicato no solo aludía a mejoras del orden económico, sino también en torno a la salud y a la libertad de sindical. “Nosotros trabajamos con salud mental, entonces, cuando hablamos de cuál es la crisis de la salud mental, es esta la crisis de la salud mental, es cómo llegan los recursos, finalmente, a las personas o a los estratos más bajos de la pirámide, que son finalmente el usuario y el trabajador”, declara Bustamante. Fundación Tierra de Esperanza cuenta con un “Manual de beneficios”, entre los que se encuentra el “beneficio de invierno”, que es la posibilidad de ausentarse, sin que signifique descuento salarial, dos días entre los meses de mayo y septiembre, a razón de enfermedad del trabajador, sin considerar enfermedad de hijos o personas de las que se tenga cuidado personal.
El sindicato entre sus demandas, exigía que, para las y los trabajadores sindicalizados, este beneficio fuera aumentado a tres días, y que se extendiera durante todo el año. Más, lo que hizo la empresa, fue extender el beneficio de invierno a tres días entre los meses de mayo y septiembre, pero a todos los trabajadores de la empresa. Respecto a esta medida, Miguel Downey menciona que esto “corresponde a una forma de invalidar al sindicato, y que los beneficios provengan siempre desde la fundación”.
Después de todo, el llamado de las y los trabajadores organizados de Fundación Tierra de Esperanza, es a fortalecerse como sindicato: “Yo creo que los sindicatos hoy día tienen que ver con una cuestión que es responder a esta democracia, a una democracia bastante neoliberal. Entonces, el espacio que te dejan es muy pequeño y acotado, pero tenemos que tender a romper, o tender a tensionar, pensando también en una forma de sindicalismo para sí, para el trabajador”, manifiesta con fuerza la dirigente Claudia Bustamante. El negocio de la infancia Que la fundación no haya cedido a las demandas del orden económico, dice relación con negarse a revisar el balance contable 2024 – 2025, así como también la caja chica.
El argumento de la empresa, según trabajadores del sindicato, fue siempre “que no se disponía de dinero para eso”, aludiendo a las supervisiones financieras a las que deben someterse por parte del Estado. Sin embargo, la tercerización de estos servicios responde a la reducción del mismo Estado, lo que se traduce en que este no tenga la capacidad de abordar, por sí mismo, estos programas que delega. Esto no quiere decir que el Estado destine menos dinero en la ejecución de estos programas, sino que al tercerizar, la distribución del presupuesto, aunque deba corresponder a lo licitado, de todas maneras depende de la entidad ejecutante.
Según se observa en el balance público de 2024 (contenido en la página web de la fundación), ese año habrían recibido cerca de 20 mil millones de pesos por la ejecución de 88 programas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana. En el mismo balance (año 2024), mencionan que, del total recibido, 70% está destinado a remuneraciones, lo que correspondería a casi 13 mil millones, los que deberían ser distribuidos en salarios mensuales de los cerca de mil trabajadores con los que cuenta la empresa. Según el mismo balance, el 2,69% sería destinado a los salarios de altos directivos.
Si se considera como altos directivos a las seis personas mencionadas en la misma página web, Simona De la Barra Cruzat, Leoncio Toro Araya, Carlos Contzen Fuentes, Gonzalo Sandoval Zambrano, Felipe Venegas Pozo y Rafael Mella Gallegos, estos ganarían alrededor de 7 millones cada uno si se consideran todas las cifras mencionadas anteriormente. Camila Sierra M.