La Fiscalía de Perú solicitó una condena de cinco años y cuatro meses de prisión contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por presuntas irregularidades en la financiación de campañas electorales entre 2018 y 2020. El Ministerio Público pidió además la “inhabilitación definitiva” de Sánchez como presidente de la colectividad, al atribuirle los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad documental. Según la acusación, Sánchez habría entregado información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante los comicios de 2018, cuando ejercía como representante legal del partido.
La investigación sostiene que Juntos por el Perú declaró ingresos por “cero soles”, pese a que habría recibido aportes por más de 220 mil dólares, depositados en una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, ex presidente del Comité Nacional Electoral de JP y hermano del candidato presidencial. La Fiscalía también acusa a Sánchez de ocultar o falsear datos sobre ingresos y gastos de campaña durante las elecciones de 2020, así como sobre el financiamiento general de la colectividad en ese mismo período. El abogado del candidato, Carlos García Asenjo, rechazó las imputaciones y aseguró que la responsabilidad sobre los informes financieros corresponde al tesorero del partido y no a Sánchez.
“Quien elabora y reporta la información económica es el tesorero. Roberto Sánchez solo presenta la documentación ante la ONPE”, afirmó en declaraciones a medios locales. Sánchez disputará la presidencia frente a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio, luego de superar en la primera vuelta a Rafael López Aliaga por cerca de 14 mil votos, con el 99,63% de las mesas escrutadas.
El proceso electoral estuvo marcado por cuestionamientos debido a denuncias de miles de ciudadanos que afirmaron no haber podido votar en Lima por falta de material electoral. A raíz de ello, las autoridades extendieron la jornada de votación y actualmente varios funcionarios electorales son investigados por presuntas irregularidades.