Con la denuncia se acompañaron declaraciones de los ocho diputados señalados, de antes del 30 de marzo de este año. En ellas, ninguno declaró la deuda. —En varios de los casos denunciados, los montos reportados públicamente superan holgadamente el umbral legal de cien unidades tributarias mensuales, por lo que la obligación de individualizar la deuda era, en principio, directamente exigible —expresa la denuncia.
Las deudas de los diputados denunciados fueron reveladas por El Mercurio hace un par de semanas, tras cotejar la nómina de morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario con información vigente al 31 de diciembre de 2025. Cinco de los diputados poseían obligaciones por más de las 100 UTM. Liderando la lista aparecía Claudia Reyes, del Partido Republicano, con $38 millones, seguida de la comunista Nathalie Castillo, con $27,8 millones.
Más atrás estaba Héctor Ulloa, diputado independiente que compitió en la lista Unidad por Chile, con $18,6 millones; el republicano José Carlos Meza, con $16,3 millones, y Carolina Tello, del Frente Amplio, con $12,9 millones. Sólo los socialistas Emilia Nuyado y Francisco Crisóstomo, además de Sara Concha del Partido Social Cristiano, poseían obligaciones del Fondo Solidario inferiores a 100 UTM. De todas maneras, la denuncia solicita investigar “si con el conjunto de sus otros pasivos igualmente debía incidir en el pasivo global informado”.
La Unidad de Investigación de Bío Bío revisó las DIP de los ocho denunciados. Efectivamente, ninguno singularizó las obligaciones del Fondo Solidario en sus declaraciones previas al 30 de marzo. No obstante, tras difundirse los incumplimientos, la diputada Tello declaró el 31 de marzo pasado su deuda con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cifrándola en $11.
535. 000. La denuncia de Fuerza Ciudadana apunta a la posible comisión de perjurio, ya sea por el artículo 210 o por el 212 del Código Penal.
El primero castiga con presidio menor en sus grados mínimo a medio (de 61 días a tres años) y multa de seis a diez UTM a quien cometa aquel delito ante las autoridades o sus agentes en materias no contenciosas. El segundo impone pena de presidio en cualquiera de sus grados o multa de una a cuatro UTM al que falte a la verdad en declaración prestada bajo juramento o promesa exigida por la ley, siempre que dicha conducta no se encuentre tipificada en uno de los artículos previos. Junto con la denuncia se solicita que se oficie a la Cámara de Diputados y Diputadas para que entregue las copias íntegras de las DIP.
Igualmente, pide que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) explique el origen de las deudas. El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la acción penal y ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público.