La discusión también se reflejó entre los senadores que representan a la Región del Biobío, quienes adoptaron posiciones contrapuestas durante la votación en la Cámara Alta. En dicho contexto, el senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS) —quien votó en contra de la iniciativa—, criticó su aprobación y advirtió que la decisión del Senado “es una mala señal para el país”. El parlamentario sostuvo que el proyecto abre un debate complejo en materia de justicia.
“Se ha votado un proyecto que está en el ámbito de los derechos humanos y que permite dejar en libertad a culpables de violaciones a los derechos humanos que están cumpliendo penas por crímenes de lesa humanidad en Punta Peuco”, señaló. Saavedra también remarcó el estrecho resultado de la votación, señalando que “aquellos hoy día han obtenido una mayoría en el Senado: 23 votos contra 22”, lo que, a su juicio, refleja la tensión política y ética que genera la iniciativa. En contraste, el senador por el Biobío, Enrique van Rysselberghe (UDI), respaldó el proyecto y defendió que la iniciativa no busca otorgar impunidad, sino establecer un mecanismo excepcional de cumplimiento de condenas.
Durante su intervención en la Sala, el parlamentario afirmó que “este proyecto de ley no busca la impunidad o dejar en libertad a condenados, sino la posibilidad de un cumplimiento alternativo de la pena mediante reclusión domiciliaria total bajo ciertas circunstancias específicas y puntuales”. En esa línea, argumentó que la propuesta responde a la necesidad de resguardar condiciones dignas para personas privadas de libertad que presentan graves problemas de salud o edad avanzada. En ese sentido, planteó que la iniciativa apunta a abordar “las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de los adultos mayores y la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen condiciones dignas”.