El Gobierno desestimó la realización de una auditoría externa internacional al Estado, iniciativa que había sido anunciada durante la campaña presidencial como una de las principales medidas en materia de transparencia. Según se informó, la decisión responde a la falta de recursos fiscales. Promesa que no se concretó Durante la campaña, el Ejecutivo había planteado la realización de una auditoría total al Estado, que contemplaba convocar a la Contraloría y a firmas internacionales para revisar ministerios, servicios públicos y empresas estatales.
El objetivo de esta medida era detectar posibles irregularidades, sobreprecios y contrataciones indebidas, además de transparentar el uso de los recursos públicos. Pese a descartar la auditoría externa, el Gobierno inició el pasado 20 de marzo un proceso de revisión interna, solicitando a los servicios públicos que entreguen información sobre el uso de recursos fiscales entre 2025 y marzo de 2026. Este trabajo está a cargo de un Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia que busca elaborar un diagnóstico sobre el estado de las cuentas públicas.
Debate por la decisión La medida ha generado cuestionamientos desde algunos sectores, que consideran que la auditoría externa era clave para garantizar independencia en la revisión. De todas formas, desde el Ejecutivo sostienen que el proceso interno permitirá avanzar en el análisis del gasto público utilizando los recursos disponibles. La decisión se enmarca en un escenario de restricciones fiscales, donde el Gobierno ha debido priorizar el uso de recursos y ajustar diversas iniciativas.
En ese contexto, la auditoría externa —que implicaba contratar firmas internacionales— quedó fuera de las prioridades inmediatas del Ejecutivo.