El Gobierno decidió intensificar su ofensiva judicial por la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, ocurrida en la Universidad Austral, incorporando nuevas figuras penales en la causa. Según informó La Tercera, la acción fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Trinidad Steinert, que resolvió ampliar la querella original e invocar la Ley de Seguridad del Estado, una herramienta excepcional que permite perseguir delitos con mayor gravedad. La decisión se produce luego de que tres estudiantes —Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga— fueran formalizados y quedaran con medidas cautelares consideradas leves, como firma periódica y prohibición de acercarse a la autoridad.
Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por reforzar su postura jurídica, planteando que los hechos no solo constituyen un atentado contra la autoridad, sino que también podrían configurar un delito de mayor gravedad. En concreto, se apunta a que la ministra habría estado retenida por cerca de dos horas dentro del Aula Magna, debido al bloqueo de accesos por parte de manifestantes, lo que —según la tesis del Gobierno— podría encuadrarse en la figura de secuestro. Dudas sobre nuevos antecedentes La ampliación de la querella fue declarada admisible, pero ha generado cuestionamientos entre intervinientes del caso, quienes advierten que los argumentos presentados se basan en antecedentes ya conocidos desde el inicio de la investigación.
Entre estos elementos se incluyen testimonios que dan cuenta de empujones, lanzamiento de líquidos, presencia coordinada de manifestantes y una convocatoria previa en contra de la ministra. Sin embargo, la ausencia de antecedentes nuevos podría dificultar que se sostenga un cambio hacia un tipo penal más grave. El endurecimiento de la querella también busca incidir en la discusión sobre las medidas cautelares, luego de que el tribunal descartara la prisión preventiva en la etapa inicial.
Con la incorporación de delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, el Ejecutivo abre la puerta a solicitar sanciones más severas, en una causa que seguirá siendo revisada por instancias superiores.