En un comunicado, la institución emplazó al Ejecutivo y al Congreso a reconsiderar esta moción, puesto que la normativa actual establece que el Estado debe adoptar "todas las medidas administrativas, legislativas o de otro carácter para la defensa y protección, particular y reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes provenientes de grupos sociales específicos, tales como migrantes, pertenecientes a comunidades indígenas o que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica". "Preocupa especialmente que hospitales, consultorios, jardines infantiles, escuelas y otros espacios esenciales para el desarrollo de la niñez sean percibidos por las familias como lugares de fiscalización migratoria. Y ese solo temor puede provocar que niños, niñas y adolescentes dejen de asistir a controles médicos, a campañas de vacunación, a atención de urgencia, a espacios educativos, o espacios de protección, afectando directamente sus derechos", alerta el escrito.