Tras cinco días de audiencia, el juez Daniel Urrutia dictó este viernes prisión preventiva para Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez. En el fallo, el magistrado consideró que los actos cometidos por el otrora legislador son propio de un sistema corrupto que transgrede los derechos humanos. Urrutia acreditó los argumentos expuestos por el Ministerio Público, que imputa a Lavín León de delitos de fraude al fisco, tráfico de influencia y malversación de instrumento privado mercantil.

“Respecto al tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú, el imputado Lavín mantuvo interés directo e indirecto sobre contratos y operaciones propias del municipio, en lo que en virtud de sus cargos debían intervenir diversos funcionarios públicos municipales”, dijo el juez, agregando que “dicho interés fue tanto de carácter económico para la obtención irregular de bases de datos que utilizaría para los fines electorales, como también de carácter político para obtener ventajas indebidas en el municipio y para pagar favores políticos”. El juez Urrutia señaló que Lavín se aprovechó de su condición de diputado y esposo de la entonces alcaldesa Cathy Barriga para imponer una “posición de injerencia” sobre quienes se desempeñaban en el municipio maipucino. Delitos de cohecho Asimismo, respecto a los delitos de cohecho, que se habrían perpetrado entre los años 2015 a 2022, “los imputados Lavín y Domínguez habrían encargado al imputado Silva Morales, en representación de las ya referidas imprentas MMG y Total Print, material publicitario para diversas campañas electorales, entre ellas la campaña para elección de Cathy Barriga como alcaldesa de la comuna de Maipú”, dijo Urrutia.

Y continuó: “Luego, durante el período en que esta ejerció como alcaldesa, el imputado Silva Morales prestó servicios a través de su imprenta como impresión de volantes, afiches y de impresión. En efecto, entre los años 2017 y 2021, imprenta MMG SA se adjudicó contrataciones de diversa índole en el municipio por al menos 88. 000.

000 de pesos. Los pagos por todas estas influencias ejercidas por el imputado Domínguez sobre funcionarios municipales para obtener de esto decisiones que pudiesen favorecer a la imprenta, dando provecho a esta en contravención de las normas de contratación pública, quien desmedró de otros competidores”. Peligro para la seguridad de la sociedad A lo expuesto anteriormente, Urrutia consideró que “existen antecedentes calificados que permiten al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias (…) la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad y existe peligro de que el imputado se de a la fuga” Tras ello, calificó que los hechos expuestos por fiscalía dan cuenta de actos de corrupción por parte de Lavín y Domínguez: “La corrupción no debe entenderse como un conjunto de actos ilícitos aislados, sino como un fenómeno sistémico donde la función pública es secuestrada por intereses particulares”.

“El diputado deja de ser un representante de la soberanía popular para convertirse en un agente de captura. En este esquema, la estructura del Estado es utilizada como una herramienta de extracción de riqueza, donde los funcionarios no son elegidos por su idoneidad o probidad, sino por su lealtad al esquema delictivo”, sostuvo. “La corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados.

Esta captura tiene un efecto devastador en las instituciones públicas cuando el cargo público se percibe como propiedad privada del político, se anula la función pública y se instala un sistema de impunidad estructural. La red de funcionarios garantiza que el desvío de fondos no sea detectado, transformando la burocracia estatal en el blindaje de una verdadera organización criminal. Bajo esta lógica, la corrupción legislativa no sólo afecta el patrimonio del Estado, sino que desmantela el corazón mismo de las instituciones democráticas, dejando al ciudadano en un estado de indefensión frente al poder desviado”.

Prosigue: “Reafirmando la gravedad de la corrupción, el profesor mexicano Luis Daniel Vázquez Valencia, en su libro, ‘Corrupción y Derechos Humanos’, por dónde comenzar la estrategia anticorrupción, Vázquez argumenta que la corrupción no es un delito sin víctimas. Para él, cuando un legislador o funcionario roba dinero público, está privando al Estado de los recursos necesarios para garantizar derechos básicos como la salud, la educación y la seguridad. “Por tanto, la red de funcionarios no solo comete un fraude al fisco, sino que genera una violación masiva de derechos económicos y sociales.

La gravedad y carácter de las conductas descritas constituyen macrocriminalidad. En palabras del profesor Vázquez, en contextos de corrupción sistémica, ya no hablamos de delincuentes comunes, sino de redes donde se borra la frontera entre el Estado y el crimen organizado”, concluye.