Me acaba de llegar esta semana una tarjeta de Navidad, proveniente de Estados Unidos, enviada en noviembre del año pasado. No me importaría tanto la tardanza si no fuera porque además me entero que en 2025, Correos de Chile perdió más de $ 5 mil millones. Efectivamente, no solo Codelco o TVN son empresas públicas que han tenido malos años, sino que otras empresas del Estado, agrupadas bajo la supervisión del SEP, también se encuentran pasando situaciones difíciles.

EFE ha aumentado sus pérdidas, Metro ha dejado de tener resultados operacionales positivos, mientras que la Polla Chilena de Beneficencia ha disminuido sus ingresos. “Definamos bien el encargo y recursos para cada empresa pública. No las llenemos de tareas o mochilas que, tarde o temprano, terminaremos pagando entre todos”.

El problema en el caso de algunas empresas públicas es que se les asignan misiones que no están del todo claras: ¿en que debe marcar diferencias Correos de Chile, habiendo otras opciones de mercado? ¿Por qué debe haber una empresa pública de apuestas, habiendo tanta competencia que, de hecho, estamos preocupados por la ludopatía que crece como un problema de salud pública? Las empresas productivas como Codelco deben competir de igual a igual con otras empresas productivas, sin subsidios ni cargas adicionales.

Mientras que respecto de aquellas que cumplen un objetivo de política pública, se deben definir bien los términos del encargo y los recursos asociados. Y todo esto requiere de una conversación que no hemos tenido como país. EFE, por ejemplo, ha tenido un crecimiento notable en servicios y eso está bien pues, aunque los trenes de pasajeros tienden a ser deficitarios, sí permiten combatir externalidades negativas como la congestión y la contaminación que provocarían esos viajes en otros medios.

Pero eso es respecto de los trenes de cercanía. Ignoro si, por ejemplo, el ramal de Talca a Constitución se encuentra en esa condición. Otras empresas públicas requieren una revisión.

Tal es el caso de Cotrisa (Sociedad Comercializadora de Trigo S. A. ), que con un personal de 25 personas, gasta $140 millones mensuales en sueldo.

Y si el país necesita realizar inversiones significativas en su infraestructura portuaria, sería bueno potenciar esas empresas, más que evaluar la posibilidad de ahorrarnos unas pocas lucas cortando directorios. En fin, definamos bien el encargo y los recursos para cada empresa pública. No las llenemos de tareas o mochilas que, tarde o temprano, terminaremos pagando entre todos.

Y tampoco las llenemos innecesariamente de controles si queremos que sean eficientes. ¿Se justifica que algunas empresas sean fiscalizadas por la CMF y la Contraloría, mientras que su competencia no tiene esta carga del doble control? El nuevo Gobierno ha anunciado un plan de revisión de estas empresas públicas, lo que es “justo y necesario”, dado la estrechez de caja fiscal.

Es un buen momento para revisar el sentido y necesidad de algunas de ellas.