Así, el Fisco deberá hacer la evaluación al segundo año de su gobierno y al final de su mandato, donde deberá incluir la comparación entre sus proyecciones y los resultados efectivos y si hay consistencia con el ancla de la deuda bruta establecida en el decreto fiscal. También, incorpora evaluaciones a la metodología utilizada por el Fisco. También, el reglamento define que el ministro de Hacienda podrá desviarse temporalmente y hasta por dos años de las metas fiscales solo en base a eventos “excepcionales y transitorios”, ajenos al propio actuar de la administración y que ocasionen un deterioro “significativo” en la actividad económica, el empleo o perjudiquen “considerablemente” la situación financiera o la sostenibilidad económica y/o social del país y que deban ser enfrentadas con un desembolso de recursos fiscales “más allá del que permitan los objetivos de balance estructural y endeudamiento”.
Estos se entenderán como la ocurrencia de uno o más desastres naturales; y eventos nacionales o internacionales que ocasionen un “deterioro significativo” de las condiciones macroeconómicas. Acto seguido, el reglamento también califica las “otras causales extraordinarias” que permitirían el desvío de las metas, definiéndolas como las situaciones imprevistas, distintas de las dos ya mencionadas y que hagan necesario adecuar la meta de balance estructural y/o el ancla de deuda bruta del Gobierno Central, las cuales deberán encontrarse “suficientemente fundadas” en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) posterior a la materialización del incumplimiento. Otra novedad del documento es que dicta que el plan de acciones correctivas debe contemplar gastos, ingresos y activos del Gobierno Central.
Finalmente, el citado texto plantea que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) deberá emitir su opinión respecto al cumplimiento de los criterios de activación de la cláusula de escape o de las otras causales extraordinarias que ameriten la modificación del decreto de política fiscal, en un plazo máximo de 30 días luego de la publicación del nuevo decreto. En 2024 se reformó la Ley de Responsabilidad Fiscal, subiéndole la vara al Fisco por el incumplimiento de sus compromisos presupuestarios.