Nuevos informes del Ministerio Público, revelados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, exponen el hallazgo de armas con ADN, restos óseos y audios que complican la situación judicial de Javier Troncoso. Según antecedentes recabados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, peritos de Carabineros y la PDI descubrieron un hacha y un machete con trazas de sangre humana ocultos en una bodega colindante a la vivienda de la víctima. El hallazgo ocurrió luego de que los equipos policiales removieran una pila de madera, dejando al descubierto las herramientas que presentaban manchas biológicas en sus filos.

El Ministerio Público expuso en la reciente audiencia de cautelares que las muestras tomadas en la bodega arrojaron un resultado positivo para sangre humana. A esto se suma el hallazgo de un saco enterrado a 50 metros del inmueble, el cual contenía 65 piezas óseas. Un informe de la Universidad Austral, fechado el pasado 6 de abril, confirmó que al menos una de las muestras analizadas posee un “100% de asignación a ADN correspondiente a humano”, lo que refuerza la tesis del parricidio y la posterior inhumación ilegal.

La fiscalía también presentó un peritaje sonoro para validar los testimonios de vecinos que aseguraron oír gritos y golpes de herramientas la noche del crimen. La PDI determinó que, bajo condiciones climáticas similares a las del 8 de noviembre, las discusiones y el uso de martillos eran perfectamente audibles desde las casas aledañas. Además, una escucha telefónica entre los hermanos Javier y Pablo evidenciaría un plan para obstruir la justicia: “A esos hueones (SIP de Carabineros) no hay que dejarlos entrar”, se escucha en el audio, lo que para las persecutoras demuestra una clara intención de desviar la atención del sitio del suceso.

Pese a la contundencia de las pruebas biológicas y los audios, el Juzgado de Garantía de Los Lagos decidió mantener la prisión preventiva solo para Javier Troncoso Chuñil, imputado como autor de parricidio y robo con violencia. En contraste, sus hermanos Jeannette y Pablo quedaron sin medidas cautelares; el tribunal estimó que su rol fue de encubridores, categoría que —por el vínculo de consanguinidad— los exime de responsabilidad penal según la legislación vigente, pese a la oposición de la fiscalía.