En agosto de 1988, cuando Chile estaba en la antesala del plebiscito que definiría si Augusto Pinochet seguía o no en el poder, Revista Análisis publicó una sección titulada “Y usted, ¿por qué vota NO? ”. La pregunta era simple, directa y profundamente política: por qué rechazar la continuidad de la dictadura.

Entre quienes respondieron apareció Luis Hermosilla, presentado como abogado y secretario general del Comité de Independientes por el No. Su respuesta, leída desde el Chile de hoy, no pasa piola. Vuelve como boomerang.

“En primer lugar, por una razón de dignidad personal. Es imposible respaldar a quienes han ejercido el poder de una manera cruel e inhumana, como nunca antes se había visto en nuestro país. Además, porque creo que el progreso social y la justicia sólo se alcanzarán a través de las diversas opciones que se abren en el juego democrático”.

La frase tiene peso propio. Hermosilla hablaba de “dignidad personal”, de progreso social, de justicia y de democracia. No era una declaración menor: era una toma de posición frente a una dictadura que buscaba perpetuarse en el poder.

Pero casi cuatro décadas después, esas palabras chocan con el presente judicial y político del abogado, hoy convertido en uno de los protagonistas del Caso Hermosilla. Caso Hermosilla: la frase de 1988 que hoy lo enfrenta a su propio discurso El Comité de Independientes por el No fue una organización articulada en 1988, liderada por Alejandro Hales, que agrupó a personalidades y ciudadanos sin militancia partidista tradicional para apoyar la opción No en el plebiscito del 5 de octubre. Su objetivo era sumar a quienes se oponían a la dictadura desde fuera de los partidos tradicionales, empujando la redemocratización del país.

Ese era el contexto en que Hermosilla hablaba de dignidad y justicia. Por eso la cita no aparece hoy como una simple curiosidad de archivo. Aparece como un espejo que refleja una contradicción brutal.

Porque el abogado que entonces decía creer que la justicia se alcanzaba en el juego democrático hoy figura en una causa que ha dejado al descubierto lo contrario: conversaciones privadas, presuntos pagos, acceso a información sensible y vínculos con instituciones donde la ciudadanía espera reglas limpias, no atajos para quienes tienen buenos contactos. Caso Hermosilla: el audio que abrió una caja negra Explicado con peras y manzanas, el Caso Audios estalló en noviembre de 2023, cuando CIPER reveló una grabación de una reunión entre Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer. En esa conversación se hablaba de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero.

Desde ahí, el caso dejó de ser solo “el audio de Hermosilla”. La investigación se abrió hacia presuntos delitos de soborno, delitos tributarios, lavado de activos y otras aristas vinculadas al caso Factop. En agosto de 2024, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Hermosilla y Villalobos, imputados por el Ministerio Público como autores de soborno, delitos tributarios y lavado de activos.

Luego, en enero de 2026, la Fiscalía presentó acusación en el caso Factop-Audio y pidió 14 años de cárcel para Hermosilla, además de 18 años para Leonarda Villalobos y 20 años para Daniel Sauer. Ese recorrido judicial es clave para entender la paradoja. No se trata de usar una frase antigua como condena.

Hermosilla, como cualquier imputado o acusado, mantiene su presunción de inocencia mientras los tribunales no determinen lo contrario. Pero políticamente el contraste es evidente: quien hablaba de justicia y democracia aparece hoy en el centro de una trama que golpea justamente la confianza en esas instituciones. La reformalización que volvió a ponerlo en la agenda A ese cuadro se sumó un nuevo capítulo este lunes 4 de mayo.

Tras una querella del Servicio de Impuestos Internos, Hermosilla fue reformalizado por delitos tributarios reiterados. Según la imputación del SII, el perjuicio fiscal sería de $551 millones, cifra que actualizada a 2026 llegaría a cerca de $800 millones. El tribunal mantuvo las cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, y fijó 60 días de investigación.

Este punto no es el centro de la historia, pero sí actualiza el peso de la paradoja. La antigua declaración sobre “dignidad personal” reaparece justo cuando el abogado vuelve a tribunales por una nueva arista tributaria (para más detalles, el lector puede revisar la nota relacionada). La hemeroteca no perdona La declaración de 1988 no prueba nada judicialmente.

Pero sí dice mucho en términos políticos y simbólicos. Porque cuando una persona pública invoca la dignidad, la justicia y la democracia, esas palabras quedan dando vueltas en la memoria. Y cuando años después esa misma figura aparece vinculada a un caso que expone presuntos favores, pagos e influencias en organismos públicos, la contradicción se vuelve difícil de esquivar.

Ese es el punto de fondo. No es solo Hermosilla contra la Fiscalía. Es Hermosilla contra Hermosilla.

El Hermosilla que en 1988 invocaba la “dignidad personal” hoy queda atrapado por su propio discurso. Porque no hay justicia social posible cuando las reglas parecen doblarse para quienes tienen poder, contactos y llegada a las instituciones. Esa es la paradoja que deja el Caso Hermosilla: no solo la caída de un abogado influyente, sino el retrato de una elite que durante años habló de democracia mientras hacía de los atajos una forma de poder.