La Defensoría de la Niñez manifestó su preocupación por la Circular N° 014 del Servicio de Registro Civil e Identificación, que instruye inscribir como “hijo de extranjero transeúnte” a niños y niñas nacidos en Chile cuyos padres se encuentren en situación migratoria irregular. Según explicó la institución, esta categoría está prevista para personas cuyos padres se encuentran de paso en el país, como turistas o sin intención de residir, lo que —advirtió— no se ajusta a la realidad de familias que llevan años viviendo en territorio nacional. La Defensoría sostuvo que la medida representa un retroceso en materia de protección de derechos de la niñez en contextos de movilidad humana, y advirtió que su aplicación podría generar riesgo de apatridia, afectando directamente el acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación.

En esa línea, cuestionó que la circular establezca un criterio basado en la situación administrativa de los padres, y no en la condición del niño o niña, lo que —a su juicio— resulta incompatible con el enfoque de derechos y con la obligación del Estado de garantizar igualdad en el acceso y ejercicio de derechos fundamentales. Asimismo, el organismo advirtió que, si bien el nacimiento sigue siendo inscrito y existen mecanismos de revisión, la carga de activar estos procesos recae en las familias. “Es deber del Estado garantizar desde el inicio la protección efectiva del derecho a la nacionalidad, a la identidad y a la no discriminación”, enfatizó.

Otro de los puntos críticos planteados apunta a la falta de articulación de esta medida con la Ley N° 21. 430, que establece el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, y que obliga a los órganos del Estado a priorizar el interés superior del niño en todas sus decisiones. Finalmente, la Defensoría de la Niñez llamó a revisar la aplicación de esta circular conforme a la normativa nacional y a los estándares internacionales de derechos humanos, subrayando que los niños y niñas nacidos en Chile no pueden ver condicionado el ejercicio de sus derechos por interpretaciones administrativas que los sitúen en una mayor vulnerabilidad.