Fortalecimiento de tendencias negativas “El fortalecimiento de las tendencias negativas orientadas a boicotear los derechos de las personas LGBTIQ+ constituye, sin duda, una de las características más claras del año 2025, generando una alerta respecto de la actual vulnerabilidad que enfrenta la protección de los derechos humanos de la diversidad sexual y de género”, señaló el Informe de DDHH. “Por una parte se consolidó la tendencia al alza de los casos y denuncias por discriminación, siendo los discursos de odio uno de los principales factores facilitadores de este fenómeno; y, por otra, se registraron por segundo año consecutivo retrocesos en materia de derechos para las personas LGBTIQ+, afectando de manera específica a la población trans”, dijo el estudio. Precisó que “el Gobierno y el Congreso Nacional figuran como los principales responsables estatales de estas regresiones, las cuales se vieron potenciadas y retroalimentadas por un escenario internacional cada vez más hostil hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes trans.

Este contexto se tradujo en arremetidas periódicas de grupos anti-derechos que desinformaron y denigraron la dignidad humana, así como en políticas incivilizadas impulsadas desde Estados Unidos, cuyos efectos están teniendo impacto en diversos países”. Añadió que “en este marco, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un informe transfóbico de una comisión investigadora (CEI-57) orientado a limitar y eliminar derechos de niños, niñas y adolescentes trans. Paralelamente, el Congreso Nacional eliminó de la Ley de Presupuestos 2026 el financiamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), dejando a niños, niñas y adolescentes trans y a sus familias en una situación de orfandad estatal”.

“A su vez, y contraviniendo derechos ya conquistados, el Ministerio de Salud, mediante la circular N°8, restringió el acceso al PAIG al establecer que los menores de 14 años deben contar con la autorización de al menos uno de sus representantes legales para acceder a este beneficio. Esta exigencia desnaturaliza el sentido original del programa, concebido precisamente para brindar respuesta y apoyo a niños, niñas y adolescentes que enfrentan, en sus propias familias u otros espacios, discriminación o abusos que obstaculizan el desarrollo libre y sin prejuicios de su identidad”, consideró el estudio. “Altos representantes del Gobierno fueron denunciados además por sus propios funcionarios de tres casos de discriminación en razón de la identidad de género y uno en razón de la orientación sexual.

Estos hechos ocurrieron en la Seremi de Gobierno de la Región del Maule, en la Embajada de Chile en Colombia y en las Seremi de Salud de Coquimbo y Valparaíso, siendo este último el que generó un impacto nacional, dado que la víctima, Sol Millakura Hernández Márquez, murió por suicidio tras denunciar discriminación laboral. A lo expuesto se añadieron nuevos reportes de discriminación al interior de Gendarmería. Nunca antes, en el plazo de solo un año, se había registrado desde órganos gubernamentales un volumen tan alto de denuncias por homo/transfobia, ni hechos de tal gravedad como el ocurrido a Hernández Márquez, lo que constituye un severo retroceso en materia de derechos humanos”, detalló la investigación.

Inconsistencias y carencia de densidad estatal “Al analizar el quehacer de los tres poderes del Estado en relación con los derechos de las personas LGBTIQ+, el año 2025 evidenció de manera clara inconsistencias y una preocupante carencia de densidad institucional. Esta situación no solo se explica porque mientras el Poder Judicial registró avances, el Poder Ejecutivo y el Legislativo experimentaron retrocesos, sino también porque, al interior tanto del Gobierno como del Congreso Nacional, coexistieron medidas regresivas con algunos progresos puntuales”, enfatizó la investigación. Añadió que “si bien dichos avances no alcanzan a compensar ni neutralizar los retrocesos sufridos, y se sitúan por debajo de conquistas previamente alcanzadas; en tanto no requirieron mayores esfuerzos políticos o culturales para su concreción; resultan igualmente relevantes en la medida en que contribuyen, aunque de forma acotada, a la construcción de sociedades más justas e inclusivas”.

“Así, mientras el Ministerio de Salud debilitaba derechos de niños, niñas y adolescentes trans, publicó simultáneamente la Resolución Exenta N. º 733, que puso término a la exigencia de atención psicológica o psiquiátrica como requisito para que personas mayores de 18 años accedan a terapias hormonales”, precisó el estudio. “En paralelo a denuncias de funcionarios públicos por homo/transfobia en el ámbito laboral, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) dictó la Circular N.

º 3876, mediante la cual exige a los empleadores la implementación de protocolos, capacitaciones y programas de atención psicológica que consideren explícitamente la orientación sexual y la identidad de género. Esta medida representó un avance normativo relevante en el ámbito de la prevención y abordaje de la discriminación laboral”, añadió la investigación. “A su vez, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Gobierno inauguró en sus dependencias el denominado “Biblioespacio Mónica Briones”, en memoria de esta escultora cuyo asesinato constituye el primer crimen lesbofóbico documentado en Chile.

Ello ocurrió en un año en que, de manera contradictoria y lamentable, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se distanció de toda mención a la orientación sexual y al legado literario de contenido lésbico de Gabriela Mistral, en el marco de la conmemoración de los 80 años de la obtención del Premio Nobel”, estableció el Informe. Agregó que “el Congreso Nacional, por su parte, aprobó; aunque ya a comienzos de 2026; la ley que “reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados”, a lo que se sumó la promulgación, a fines de 2024, de la Ley N. º 21.

719 que “regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales”. Ambas normas mencionan a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas o factores relevantes. Sin embargo, y de manera simultánea a estos avances, el Parlamento impulsó retrocesos en derechos de las personas trans y fue incapaz de aprobar la Reforma a la Ley Zamudio y de tramitar una ley de Educación Sexual Integral, las demandas legislativas LGBTIQ+ más antiguas y transversales en la actualidad y que fueron promesas gubernamentales”.

“En un plano más específico y, afortunadamente, exento de inconsistencias, se registraron avances relevantes a nivel local e institucional. La Municipalidad de Rapa Nui aprobó la creación de su primera Oficina de Atención a la Diversidad y Neurodivergencia; la Municipalidad de Atacama convocó a la primera Marcha del Orgullo en la comuna; y, en un hecho de especial y gravitante relevancia, la Policía de Investigaciones de Chile lanzó su primera “Guía de Atención a Grupos Vulnerables”, entregando recomendaciones a sus funcionarios para el respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+”, resaltó el estudio. Posicionamiento del Poder Judicial como el más protector del Estado Tal como había ocurrido en 2018, el Poder Judicial volvió a posicionarse en 2025 como el órgano del Estado que mostró una mayor protección y respeto por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, en marcado contraste con el Congreso Nacional y el Gobierno.

A este escenario se sumaron, además, pronunciamientos favorables del Tribunal Constitucional” “Aunque esta protección no estuvo exenta de contrastes; pues algunos tribunales continuaron actuando de manera discrecional o de forma incomprensible en materias vinculadas a las infancias trans o a la aplicación de agravantes en delitos motivados por discriminación, lo cierto es que durante el año el Poder Judicial marcó hitos relevantes a favor de la igualdad y la no discriminación” señaló el estudio. Entre los hitos judiciales destacaron la primera sentencia por femicidio lesbofóbico, dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago; la condena a presidio perpetuo impuesta por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas por un crimen de odio; la sanción aplicada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto contra un empleador por transfobia laboral; y la condena superior a 30 millones de pesos que el 17. º Juzgado Civil de Santiago impuso a un establecimiento educacional católico por la discriminación sufrida por una niña de 12 años en razón de su orientación sexual y expresión de género.

Asimismo, el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó acogió una demanda contra un establecimiento educacional por no brindar orientación adecuada a una madre, Marcela Guevara, quien perdió a su hijo, José Matías, luego de que muriera por suicidio tras sufrir bullying transfóbico. En tanto “el Tribunal Constitucional, otrora una de las instituciones más homo/transfóbicas del país, también contribuyó a este escenario al anular una glosa de la Ley de Presupuestos 2025 que prohibía a todo evento el financiamiento de terapias hormonales en menores de 18 años. Especialmente relevante fue además una sentencia donde estableció que las personas trans menores de 14 años sí pueden rectificar su partida de nacimiento, al acoger un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Segundo Juzgado de Familia de Santiago contra disposiciones de la Ley de Identidad de Género que excluían menciones explícitas a dicho grupo humano”.

Movimiento LGBTIQ+ en resistencia y marcando hitos “En un escenario particularmente complejo para los derechos LGBTIQ+, los movimientos y organizaciones del sector lograron impulsar hitos relevantes que contribuyeron a contrarrestar narrativas negativas y paliar efectos culturales de las políticas regresivas, fortaleciendo al mismo tiempo sus niveles de articulación y coordinación”, sostuvo el estudio. “En este contexto, y en medio de la arremetida contra las infancias trans, se lanzó “Ariel es una Niña”, el primer cuento sobre la materia que contó con patrocinio estatal y académico. Esta iniciativa permitió romper el silenciamiento que afectaba a los derechos LGBTIQ+ durante el período electoral, trasladando la temática desde los márgenes hacia el centro de la discusión pública, incluyendo el ámbito del debate presidencial”, enfatizó la investigación.

“De forma paralela, colectivos lésbicos instalaron en Santiago la primera placa en memoria de Mónica Briones y de las víctimas del lesbo-odio; organizaciones LGBTIQ+ elaboraron el primer manual orientado a prevenir y enfrentar los discursos de odio; y, de manera inédita, en las regiones de Atacama y Puerto Varas se realizaron marchas del Orgullo, ampliando la visibilidad territorial del movimiento”. añadió la investigación. “Un mayor nivel de coordinación entre las agrupaciones se expresó en la realización del Primer Encuentro Nacional por los Derechos LGBTIQ+, que reunió a representantes de las 16 regiones del país, instancia sin precedentes en la historia del movimiento en Chile”, apuntó el estudio.

En el mismo período, se inauguró en Chile el primer Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Naciones Unidas, siendo elegida como una de sus representantes la lideresa trans de Rapa Nui, Isis Teao. “En el plano sociocultural, en tanto, diversos estudios y encuestas publicados durante 2025 evidenciaron un aumento en el número de personas que se declaran abiertamente LGBTIQ+. Este dato sugiere que, pese al contexto hostil y a la intensificación de los discursos de odio, no se ha debilitado la disposición de las personas a visibilizar su identidad ni a ejercer sus derechos”, apuntó el informe.

“Finalmente, artistas con alta exposición pública contribuyeron a visibilizar las realidades LGBTIQ+ y a disputar narrativas en espacios con tradición. En ese contexto, la canción Infernodaga, de Dani Ride, con temática LGBTIQ+, representó a Chile en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, un hito para el certamen y los eventos televisados”, concluyó el estudio.