La defensa de la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, recibió un portazo de la justicia, luego de que invocara un antiguo y poco conocido artículo para intentar liberarla de la causa por tráfico de influencias en la que hoy figura como imputada. A la exmagistrada se le indaga por favorecer a Juan Antonio Poblete, juez cercano que la ayudó a alcanzar la cúspide de la magistratura chilena. Una trama que incluyó la participación de Mario Desbordes, Luis Hermosilla, entre otros, y que incluye el supuesto robo de su celular.

En la audiencia concretada a fines de abril recién pasado, el abogado de Letelier, Rodrigo Piergentilli, apuntó primero sus dardos al error de la PDI y fiscalía por la manipulación errada del tráfico telefónico de la exmagistrada y, luego, invocó la norma que es calificada por algunos penalistas como “polémica”, al darle un privilegio a los supremos. —Lo que ocurre, señoría —partió diciendo el letrado—, es que nosotros entendemos, esta es la tesis de la defensa, que el Ministerio Público no informó al tribunal debiendo hacerlo, y el tribunal tampoco consideró una regla de derecho estricto que favorece a los miembros de la Corte Suprema. Conocido como “infalibilidad jurisdiccional”, Piergentilli se refería al Artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales (COT).

El cuerpo legal, en su inciso segundo, otorga —en el papel— inmunidad a los supremos que incurran en prevaricación. Es decir, por “denegación o “torcida administración” de la justicia. Se trata de una regla que no aplica al resto de los jueces de la República y que favorece exclusivamente a los miembros del máximo tribunal del país.

Lobby supremo Con su jugada, Piergentilli buscaba anular el allanamiento del que fue objeto la exsuprema en enero pasado. La idea del Ministerio Público, con esa diligencia, era profundizar en la evidencia que ya había encontrado en los teléfonos de Luis Hermosilla y del juez Poblete. El contenido alojado en este último —revelado por esta Unidad de Investigación— permitió reconstruir el lobby que desplegó el magistrado para llevar a Letelier a la cúspide de la magistratura nacional y, al mismo tiempo, evidenció la vuelta de mano que ella le prestó cuando él cayó en desgracia.

Lee también... Lobby supremo: la declaración como imputada de la ministra María Teresa Letelier Jueves 27 Noviembre, 2025 | 15:36 Cinco de los seis hechos que le imputa la fiscalía a Letelier guardan relación precisamente con esas actuaciones. Es decir, con que Letelier no se inhabilitó de procedimientos que la Corte Suprema seguía contra Poblete por su mal desempeño en el Poder Judicial.

Letelier favoreció a su amigo en más de una oportunidad (ver Ayuda suprema: cómo ministra Letelier operó para salvar a su amigo, el juez y “lobista” Juan Poblete). “Si tú puedes hacer algo positivo en el sentido de que… Como te dijera… favorezca a mis intereses por decirlo de algún modo, te lo agradecería. Pero, en todo caso, ten cuidado”, reza uno de los mensajes enviados por Poblete a mediados de 2020, en pleno proceso disciplinario contra el magistrado.

Inmunidad suprema En la audiencia de la semana pasada, Piergentilli prosiguió. —Señoría, en esto la verdad es que está toda la doctrina conteste. Esta regla [se refiere al Artículo 324] es una causal de exención de responsabilidad criminal.

La doctrina habla más bien de inmunidad (…) que favorece a los miembros de la Corte Suprema por los delitos de prevaricación. El letrado recurrió a citas, insistió en que cuando se ordenó el allanamiento no se ponderó la regla del COT y acusó que bastaba “con saber que Letelier era miembro de la Corte Suprema” para aplicar la infalibilidad suprema. Para entonces, la paciencia de la jueza que presidió la audiencia, Isabel Correa, se estaba agotando.

—Vaya terminando ¿ya? —le apuró, para luego dar cabida a los otros intervinientes. El primero de los querellantes en hablar fue Carlos Quezada, abogado de la Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ).

—Este tema no es tan nuevo, el 324 —dijo—. De hecho, se ha levantado en todas las causas que han tenido que ver con corrupción dentro de la Corte Suprema. En la causa Vivanco, que es la más conocida de todas, se planteó esto por la defensa, pero la Corte de Apelaciones resolvió que no podía existir la infalibilidad de los jueces de la Corte Suprema en la comisión de delitos —lanzó.

Según dice hoy Quezada a esta Unidad de Investigación, el artículo en cuestión tiene una razón de ser muy distinta a la que se intentó invocar en la audiencia por la defensa de Letelier. La Corte Suprema —explica Quezada— fija criterios de todos los tribunales del país. Entonces, esta regla —acota— se creó para que el máximo tribunal tuviera la posibilidad de cambiar de criterio jurídico con “independencia y libertad”.

“Pero esto no los exime de la responsabilidad penal”, enfatiza. Lee también... El ministro de los anillos: cómo juez Poblete promovió a aliados para influir en el Poder Judicial Lunes 02 Febrero, 2026 | 06:00 Juan Carlos Manríquez, abogado y penalista experto, es más duro: “Esta es una ficción que presume, sin derecho a prueba en contrario, que los supremos no cometen fallos por sus sentencias”.

“No es obstáculo para imputarlos penalmente si el ‘error’ proviene de cohecho o tráfico de influencias”, destaca. Y difiere de Quezada respecto del origen del artículo: “En Chile las líneas jurisprudenciales no son obligatorias. No hay precedentes obligatorios.

La ley establece que cada caso se fallo en su mérito, entonces las líneas jurisprudenciales siempre se van a estar moviendo”. “Esto es más bien impunidad que inmunidad”, dice otro abogado fuera de micrófono. El tirón de orejas De vuelta a la audiencia.

Argumentos más, argumentos menos, tras más de una hora de discusión, la jueza Correa resolvió: —Si la defensa, esta defensa o cualquier defensa, pretende que no se puede investigar porque hay una norma que sostiene que si se investiga determinado delito no tiene sanción penal… No puede ser —reflexionó la magistrada. Según explicó la jueza, el Ministerio Público está en plena investigación y aún “viendo qué delitos hay”. Entonces —dijo— “la norma del Artículo 324 en ningún momento podría limitar la posibilidad de investigar”.

—Aunque sea un exministro de la Corte Suprema —zanjó. La magistrada no se detuvo ahí. También dio un tirón de orejas a la PDI y a la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Y es que en la audiencia se abordó con lujo de detalles el supuesto robo que habría sufrido Letelier justo horas después de que le comunicaran que la policía civil había solicitado una cita con ella para llevar a cabo diligencias en su contra. El organismo persecutor, basado en cámaras de seguridad y el testimonio de un conserje, sospecha que esa sustracción nunca ocurrió. El problema es que ambas instituciones, para conseguir el allanamiento de Letelier en enero pasado, aseguraron erróneamente que el chip del dispositivo supuestamente arrebatado de las manos de la exsuprema había sido ingresado esa misma noche en el teléfono de la hija de ésta, Bárbara Quintana Letelier, ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Esa situación nunca ocurrió. La defensa sospecha que hubo una manipulación deliberada y eliminación de antecedentes para apoyar la tesis de los investigadores. En la audiencia, la propia fiscal del caso, Paola Castiglione, admitió la equivocación.

La jueza sentenció: —Me parece grave, esto me parece más que una falta de prolijidad. Se debe ser en extremo cauteloso al momento de efectuar ese tipo de afirmaciones [que además incluyen a un tercero]. La querella El error de los investigadores derivó en una querella criminal presentada por Quintana, en contra de una inspectora de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Providencia, a quien acusa de alterar el informe policial para vincularla a un supuesto auto-robo, tal como reveló Bío Bío.

Lee también... Hija de exministra de la Corte Suprema presenta querella por falsificación contra inspectora de la PDI Jueves 30 Abril, 2026 | 20:12 La querella fue ingresada al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y apunta a la funcionaria de la Policía de Investigaciones Arlette Patricia Cutiño Gottchalk por los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de ese documento y denuncia calumniosa. El libelo actualmente está en tramitación.