La disputa comenzó en los años 90 con las primeras exploraciones de una empresa minera de origen japonés, frente a las que las comunidades locales se posicionaron desde el inicio. Años más tarde, la canadiense Ascendant Copper retomó la actividad exploratoria en la zona, lo que provocó la indignación de los habitantes, que llegaron a retener a 56 supuestos paramilitares vinculados a la empresa, en medio de enfrentamientos que finalmente derivaron en su salida del país. Después, en 2011, el Estado ecuatoriano retomó el proyecto a través de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami) y firmó un acuerdo con la estatal chilena Codelco para desarrollar el proyecto de cobre Llurimagua.
La defensa ambiental Esto provocó un nuevo levantamiento de las comunidades y derivó en la detención del dirigente de Junín Javier Ramírez, quien permaneció diez meses en prisión en 2014 acusado de rebelión y sabotaje, un episodio que el agricultor Edmundo Lucero califica a EFE como un ejemplo de las «amenazas» ejercidas contra quienes se oponen a la minería. Norma, otra habitante de Junín, recuerda de aquel año la fuerte presencia policial y el «miedo» constante. Por su parte, Santiago Ramírez, de 24 años, declarar que siendo niño vio cómo policías golpeaban a miembros de su familia.
No fue hasta 2023 que la Corte Provincial de Justicia de Imbabura falló a favor de las comunidades de Íntag y revocó la licencia ambiental del proyecto Llurimagua. Para ellos, la defensa del territorio no se limita al plano ambiental y sostienen que la minería también ha golpeado la economía local y el tejido social. Kléver, guía de turismo y monitor comunitario de EcoJunín, asegura que el turismo se ha resentido por la división interna generada en la comunidad.
«La minería ha afectado al turismo porque se ha dividido mucha gente, incluso personas que apoyaban el turismo pasaron a apoyar la minería», lamenta.