Críticas: riesgos fiscales y umbral cuestionado En contraste, otras voces fueron más críticas, apuntando tanto al diseño como a la pertinencia del instrumento en el Chile actual. La economista Andrea Repetto cuestionó abiertamente la propuesta, poniendo el foco en el monto mínimo de inversión. A su juicio, "la invariabilidad tributaria es algo que hay que desechar completamente", señalando que este tipo de herramientas está pensado para proyectos de gran escala y largo plazo.
En ese sentido, explicó que estos mecanismos aplican cuando las inversiones son "gigantes que tienes que financiar por muchos años, que son irreversibles". Repetto advirtió que el principal problema radica en el compromiso que asume el Estado: "a que cuando lleguen esos retornos tú no le vas a cambiar las reglas (a los empresarios). Las reglas son estables".
Y enfatizó que el diseño actual no cumpliría con ese estándar, al sostener que "Esta propuesta es para US$ 50 millones, que es poquita plata, no estamos hablando de un gran proyecto de inversión". Desde una perspectiva más institucional, el exministro de Hacienda Manuel Marfán también expresó reparos. En entrevista con Pulso, si bien reconoció que el mecanismo tuvo un rol en el pasado, planteó que su vigencia hoy no se justificaría.
"En su momento este mecanismo ayudó", afirmó, aunque explicó que ello respondió a un contexto en que Chile generaba desconfianza internacional. Hoy, en cambio, sostuvo que "la democracia tiene mucha más predictibilidad". Marfán advirtió que uno de los principales problemas es que "la inamovilidad tributaria perpetúa los vacíos legales y rigidiza la política fiscal", lo que iría en contra de las buenas prácticas internacionales.
Además, fue categórico respecto a su necesidad actual: "No lo veo necesario. Chile es un país que es mirado con otros ojos desde el resto del mundo. Tiene un bajo riesgo país".
Y agregó una preocupación adicional: "no está estimado cuánto podría afectar el crecimiento, ni menos aún, cuánto puede afectar las cuentas fiscales", cuestionando que el Estado limite su capacidad de reacción ante escenarios complejos.