La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó el inicio de una investigación contra la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, por presuntos delitos funcionarios, incluyendo fraude al Fisco reiterado. La indagatoria se originó tras una denuncia anónima recibida por el Ministerio Público en octubre de 2025, la cual apuntaba a la parlamentaria cuando ejercía como diputada. El caso fue informado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y actualmente lo lleva la Unidad Regional Anticorrupción, con diligencias a cargo del OS9 de Carabineros.

Para asegurar el éxito de la investigación, la Fiscalía ha decretado la reserva de las diligencias, las cuales se encuentran en pleno desarrollo. El foco de la denuncia es un supuesto mecanismo conocido informalmente como “la cuota Flores”, en el que, según los antecedentes, se exigiría a trabajadores de su equipo parlamentario la entrega de una parte significativa de sus sueldos en efectivo. “Este mecanismo al que incluso los propios trabajadores del Congreso han denominado informalmente como ‘la cuota Flores’ consiste en lo siguiente: a trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la diputada una parte significativa de sus sueldos en efectivo”, reveló un excolaborador de la legisladora a T13.

Estos testimonios se refuerzan con mensajes de WhatsApp, a los que accedió Reportajes de T13 y que forman parte de la investigación. En uno de los intercambios, atribuido a Yolanda Olfos, secretaria del equipo, se lee: “Hola (…) cuando pueda llámeme, por favor. La diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina”.

La respuesta del testigo detalla: “Hola, no hay problema. Ahí le paso a dejar el sobre. Tengo ya retirado el dinero en efectivo”.

Otro diálogo muestra a Olfos consultando el sueldo líquido de un colaborador: “¿En febrero $1. 550. 851”, a lo que ella replica: “La diputada necesita recibir $1.

200. 000. A usted $350.

851, más teléfono. ¿Qué dice? ”.

La denuncia apunta a que este sistema habría operado de forma sistemática entre 2018 y 2025, generando un posible perjuicio fiscal cercano a los $300 millones. El documento incluye casos específicos, como el de un trabajador con una remuneración superior a $2,6 millones mensuales, que presuntamente entregaba unos $1,8 millones en efectivo periódicamente. Se señala que la secretaria Yolanda Olfos habría jugado un rol crucial, coordinando la recolección del dinero, el cual debía ser retirado en efectivo debido a supuestas restricciones en giros automáticos.

Por su parte, el abogado de la senadora Flores, Luis Masferrer, rechazó las acusaciones, afirmando que su clienta siempre ha actuado dentro de la legalidad y que desconoce las imputaciones. La defensa manifestó su plena disposición a cooperar con el Ministerio Público y a facilitar cualquier antecedente solicitado.