En paralelo a las discusiones políticas sobre cómo abandonar los combustibles fósiles, en Santiago ocurre algo menos visible, pero igual de decisivo. Más de 200 científicos se reúnen en la Pontificia Universidad Católica de Chile para avanzar en el próximo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. No hay cámaras ni anuncios rimbombantes.

Lo que se juega aquí es más estructural: definir, con precisión científica, qué tan grave es el problema climático y cuánto tiempo queda. Las sesiones son cerradas y confidenciales. Los científicos trabajan línea por línea en el informe.

Buscan consensos entre la evidencia científica global. No hay declaraciones públicas inmediatas: en cada reunión del panel lo importante es el proceso, no el titular del día. Desde el lunes 20 y hasta el 24 de abril, en el Campus Oriente de la PUC los científicos de unos 60 países participan en la segunda reunión de autores principales del Grupo de Trabajo I, encargados de redactar el séptimo informe de evaluación (AR7), cuyo resultado se espera para 2028.

El encuentro, que coincide con el Día de la Tierra, tiene un peso específico: aquí se afinan las bases físicas del cambio climático, desde el comportamiento de las temperaturas hasta los eventos extremos y los posibles puntos de no retorno. “Este evento reúne a quienes están construyendo el consenso científico global”, plantea Fabrice Lambert, miembro del Comité Científico Asesor de Cambio Climático, dando cuenta del nivel de influencia de un proceso que, aunque técnico, termina definiendo el marco sobre el cual se negocian acuerdos multilaterales. Y ese marco científico es además la principal amenaza para el relativismo climático, que bajo el pretexto de que el cambio climático no es urgente, busca relajar la medidas de mitigación.

Recordemos que el último informe del IPCC estableció que el origen humano del calentamiento global es inequívoco. Cada fracción de grado adicional de temperatura implica más eventos extremos, más presión sobre los sistemas productivos y más impactos sociales. Es decir, lo que se discute en Santiago no es una proyección lejana, sino la profundización de una crisis en curso.

Mientras tanto, en paralelo, los gobiernos intentan responder a esa evidencia en espacios políticos. Y ahí aparece la tensión de fondo. Porque si la evidencia científica se endurece –y todo indica que así será en este nuevo ciclo– la presión sobre los gobiernos aumentará inevitablemente.

El propio IPCC ha señalado que, para limitar el calentamiento a 1,5 °C, las emisiones deben reducirse cerca de un 50% al 2030 y alcanzar la carbono neutralidad hacia mediados de siglo. Pero ese camino choca con una realidad persistente: la economía global sigue anclada en los combustibles fósiles. Que esta reunión se realice en Chile tampoco es un dato menor, puesto que se trata de un reconocimiento al rol de la ciencia local en un debate global.

Y, al mismo tiempo, instala un debate crucial: qué hacer con esta evidencia en contextos donde la transición energética implica costos fiscales, sociales y políticos concretos. En el fondo, lo que ocurre en la Universidad Católica no es una discusión aislada. Es una pieza clave de un engranaje mayor.

La ciencia está diciendo que el tiempo se acaba, que los márgenes se estrechan y que los riesgos aumentan. La política, en cambio, sigue avanzando a otra velocidad. Y ahí está el riesgo mayor.

Porque si algo deja claro el IPCC, es que las decisiones de esta década no solo definirán el clima del futuro, sino también la estabilidad económica y social del presente. La edición completa del newsletter en el siguiente link.