La excandidata presidencial, Jeannette Jara, advirtió que el gobierno de Kast ha repetido al pie de la letra el manual de las ultraderechas internacionales, que una vez llegadas al poder «lo que hacen es tratar de que se retroceda en derechos sociales» argumentando una escasez de recursos. La exministra del Trabajo participó en el foro «Por el Derecho a la Ciudad», organizado por el Centro de Estudios en Políticas Públicas Territorio y Comunidad, y donde además participaron Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso; Natalia Garrido, vocera del Movimiento de Pobladores en Lucha; y Joel Olmos, alcalde de la Cisterna. En esa línea, Jara planteó que a su parecer, en estos primeros días de gobierno de Kast, lo que han hecho es «repetir el manual que hay de las ultraderechas internacionales: parten exacerbando el patriotismo, luego desarrollando un sentimiento anti migrante, y después explotando el problema social más relevante en la sociedad, que en Chile es la seguridad».

«Después, cuando conquistan electoralmente los gobiernos, lo que hacen es tratar de que se retroceda en derechos sociales», agregó la exsecretaria de Estado, relevando que en el caso chileno, este retroceso lo hacen señalando que «no hay plata». «Y les puedo garantizar que después del no hay plata viene el hay que ajustarse el cinturón, y luego dirán que el sacrificio de hoy, servirá para mañana. Después siguen con indultos a gente vinculada a violaciones a los derechos humanos, y luego con el debilitamiento del ministerio de la Mujer.

No soy adivina, no tengo una bola que ve el futuro, pero se los puedo garantizar porque han seguido el libreto completo», argumentó Jara. Ordenamiento territorial: Una decisión política Respecto al tema del foro, la excandidata a La Moneda alertó que la crisis generada por la intervención del Mepco repercutirá inevitablemente en la calidad de vida de la población, y también, en el aumento del interés de los créditos hipotecarios producto del incremento de la inflación. Asimismo, Jeannette Jara recordó que el ordenamiento territorial «no es un tema de expertas y expertos, es una decisión política sobre quien tiene derecho a vivir en una vivienda de calidad.

Esa es la esencia de esta discusión». «Cuando no hay justicia territorial, la desigualdad no solamente es una medida económica, que mide los ingresos, sino también define los territorios. Y lo hemos visto cuando vemos resultados electorales, o de distribución de la riqueza: usualmente son las mismas comunas las que tienen una posición respecto de otras.

En la Región Metropolitana eso es bastante evidente cuando hablamos de las tres, cuatro o cinco comunas», sostuvo. Para Jara, «la distribución territorial tiene que ver mucho con la estructura de clases sociales de nuestro país, y los planes reguladores han sido muchas veces instrumentos de segregación social, sin lugar a dudas. Lo sabemos quienes tenemos más experiencia con lo que fue la erradicación de los campamentos en los ochenta, por ejemplo».

Acceso a fuentes laborales Uno de los puntos abordados por la exministra fue la necesidad de que las viviendas sociales puedan instalarse en lugares donde hay infraestructuras consolidadas, aspecto que hoy es prácticamente imposible por el alto precio que el mercado impone a dichos espacios. «No basta con que lleguen los servicios básicos o sociales a una comunidad, sino que hay que intentar que estos espacios se vinculen con elementos que son esenciales para atender las condiciones de vida materiales de las personas. Principalmente, me refiero a las fuentes de trabajo, que le permitan a las personas acceder a un empleo, tener un salario y mantener a su familia», explicó Jara.

La ausencia de estas fuentes de trabajo, añadió la expostulante a La Moneda, genera situaciones donde, por ejemplo, «las personas que viven en El Abrazo en Maipú tienen que andar 2 horas para llegar al centro de Santiago, lo mismo desde Quilicura». «Esto significa que los proyectos de viviendas sociales deben instalarse en zonas con infraestructuras consolidadas, y ahí caemos en un segundo problema, porque donde hay infraestructuras consolidadas el precio del suelo aumenta considerablemente», puntualizó la excandidata presidencial. ¿Quién se queda con la plusvalía?

En esta parte, Jeannette Jara tocó otro tema que pocas veces se considera en el debate político: quién se queda con la plusvalía en el ámbito de la vivienda y la construcción. Al respecto, resaltó que «si nosotros vemos lo que pasa en sectores donde, por ejemplo, se construye una estación de Metro, sabemos lo que va a pasar: las viviendas aledañas que se construyan, generalmente departamentos, van a venderse mucho más caras. Entonces la pregunta es por qué esa plusvalía se la tiene que llevar la constructora, la inmobiliaria, y no el Estado, que es el que generó esas condiciones de zona territorial más consolidada».

La exministra opinó que si esta plusvalía se quedara en el Estado, permitiría que este «tenga más capacidad, por ejemplo, para ampliar el Metro, o para construir más viviendas sociales. Es una discusión que no se da a veces y pasa como si fuera normal. Se normaliza que el gasto lo haga el Estado y la plusvalía la perciba el sector privado».

«Yo no estoy contra el sector privado, creo que en una sociedad tiene que haber espacio para todos, pero si el Estado es el que invierte, por qué no se lleva la ganancia. Es una duda bien básica, que yo creo que es bueno tenerla a la vista», sostuvo. Bien común o ganancias empresariales Finalmente, Jeannette Jara resaltó que «cuando discutimos de la vivienda como un derecho social, lo hacemos no solamente porque tenemos la necesidad de tener un espacio, un techo en el cual convivir, desarrollarnos y crecer en comunidad, sino porque esto forma parte de un verdadero sistema de protección que los países han ido construyendo con el tiempo».

«Y lamentablemente, si nosotros vemos en este primer casi mes de gobierno de la ultraderecha, va avanzando en línea contraria a una desprotección de derechos», cuestionó. En este punto, explicó que «cuando se habla del 3 por ciento de reducción del presupuesto, lo que se está impactando son derechos sociales, que se pagan a través de beneficios sociales que se establecen en los presupuestos de los ministerios, a los cuales se les pidió rebajar el 3 por ciento. O sea, no es que ese 3 por ciento vaya a salir de cualquier lado».

En esa misma línea, indicó que «si vemos el precio de la vivienda como un bien de mercado que ha tenido una explosión increíble, en particular en el tema del suelo, entonces no es gratuito cuando discutimos la necesidad de regular el sector de una manera que permita poner el precio del suelo y la vivienda como un bien común como objetivo para la vida, más que como un bien de consumo privado para el desarrollo de utilidades empresariales».