La formalización del exdiputado Joaquín Lavín León por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, dejó en evidencia una trama que engloba tres aristas principales: la emisión de boletas ideológicamente falsas para gastos de campaña, la creación de un software que habría financiado con fondos del Congreso, y presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Maipú, mientras su esposa Cathy Barriga ejercía como alcaldesa. Se prevé que el proceso que inició el lunes se extienda al menos durante dos jornadas y junto con el exparlamentario también fueron formalizados, como parte de la misma investigación, su exasesor Arnaldo Domínguez, el programador Felipe Vázquez y el empresario Juan Silva Morales. Recordemos que, tal como informó en su momento El Ciudadano, la Corte Suprema ratificó en febrero pasado el desafuero del exdiputado, tras establecer que existen antecedentes suficientes para avanzar en la investigación en su contra por delitos de corrupción.

Durante la primera parte de la exposición, la fiscal Constanza Encina detalló lo que el Ministerio Público calificó como un mecanismo reiterado y sistemático para desviar recursos. Según la persecutora, el exmilitante de la UDI habría presentado ante la Cámara de Diputadas y Diputados pagos correspondientes a deudas de campaña como si fueran gastos propios de su función legislativa. Para justificar esos egresos, se habrían utilizado facturas ideológicamente falsas emitidas por terceros, documentos que eran incorporados como respaldo de supuestos servicios que, en realidad, nunca se ejecutaron en el ámbito parlamentario.

De acuerdo con la investigación, se habrían extendido un total de 34 facturas falsas entre junio de 2017 y noviembre de 2022. Estos documentos habrían sido emitidos por dos imprentas representadas por uno de los otros querellados, Juan Silva Morales, y dirigidos a Joaquín Lavín, a través de la mediación de Arnoldo Domínguez. Financiamiento ilegal de campaña UDI con plataforma pagada por el Congreso Un segundo eje de la investigación se centra en la plataforma digital SocialTazk, desarrollada por la empresa Modo 74.

El ente persecutor sostiene que este sistema, diseñado para recopilar datos de electores y enviar mensajes masivos con fines electorales, fue desarrollado con dineros públicos. La fiscalía agregó que la herramienta incluso habría sido ofrecida a otros candidatos del mismo sector político. , en lo que podría configurar un esquema de financiamiento ilegal de campañas.

SocialTazk fue creada en 2018 por Felipe Vázquez Diéguez, ingeniero informático y asesor de Lavín León, a través de la empresa Modo 74 SpA. Aunque el exdiputado no figura como dueño, la Fiscalía lo señala como «impulsor y financista» del proyecto. Para la Fiscalía Oriente, resulta evidente que la recopilación de antecedentes realizada por Lavín León y su equipo parlamentario formaba parte de una estrategia para desarrollar una base de datos a nivel nacional para la UDI, con “fines expresamente electorales, especialmente para ser utilizado en el conjunto de elecciones que habría durante los años 2020 y 2021”.

Contratación de funcionarios fantasmas e injerencia en Maipú En la audiencia también se abordó la contratación de presuntos “funcionarios fantasmas”. De acuerdo con el ente persecutor, un conjunto de personas recibieron remuneraciones con cargo a las asignaciones parlamentarias de Lavín León, pero que no cumplieron funciones efectivas en su oficina, consignó Diario U de Chile. A estos hechos se suma un eventual delito de tráfico de influencias, ya que el exparlamentario habría intervenido en decisiones dentro de la Municipalidad de Maipú, promoviendo contrataciones y desvinculaciones mientras su esposa Cathy Barriga, se desempeñaba como alcaldesa.

La investigación se vincula además con otras aristas, incluyendo la situación judicial de Barriga, formalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, lo que habría significado un déficit cercano a los $31 mil millones para el municipiom lo que refuerza la percepción de redes políticas y administrativas operando de manera coordinada. El perjuicio fiscal en esta primera etapa fue cifrado por el Ministerio Público en cerca de 104 millones de pesos, y se solicitará la prisión preventiva para Lavín León, por lo que se prevé que la discusión de la mediida cautelar se lleve a cabo durante la jornada de este martes.