Juan Srdanovic, abogado querellante, explicó que esta sentencia marca un precedente a nivel nacional, pues el dictamen confirma que el Estado es responsable no solo ante errores fatales, sino también cuando su negligencia impide que un paciente reciba el tratamiento oportuno para evitar daños irreversibles. La resolución final consideró el fuerte impacto físico y psicológico que la secuela tendrá de forma permanente en la vida de la víctima.