Para la AJD, este patrón responde a una dinámica ampliamente identificada por la literatura jurídica y por la experiencia comparada latinoamericana como lawfare: el uso estratégico de aparatos judiciales, investigativos y mediáticos con el fin de debilitar, neutralizar o apartar liderazgos políticos mediante mecanismos formalmente jurídicos, pero en la práctica, alejados de su propósito constitucional. Según la asociación, la experiencia regional muestra que los procesos de erosión democrática rara vez comienzan con sentencias; por el contrario, se inician con filtraciones, coberturas con sesgo condenatorio, difusión de datos parciales y la construcción mediática de una sospecha permanente. Finalmente, la asociación concluyó: “La AJD expresa su solidaridad con la senadora Karol Cariola y con la diputada Irací Hassler, reafirmando que ninguna democracia puede tolerar la sustitución del debido proceso por tribunales mediáticos ni la manipulación de la persecución penal como herramienta de disciplinamiento político”.