Durante la primera cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast defendió a raja tabla su proyecto económico. Esto implica enfocarse en lo que el Gobierno insiste en llamar “reconstrucción, basado en una apuesta clásica al crecimiento, con una baja al impuesto corporativo, promoción de la inversión y ajustes al Estado. Los alivios económicos inmediatos para quienes han visto encarecer el costo de vida quedaron en segundo plano.

Bajo ese marco, el Mandatario anunció el envío al Congreso del proyecto que el Gobierno llama de “Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social” o también conocida como Ley Miscelánea por incorporar diferentes temas en un solo proyecto, una iniciativa compuesta por más de 40 medidas organizadas en cinco pilares. La arquitectura del mensaje mostró con claridad dónde está puesto el énfasis del Ejecutivo. El primer eje es la competitividad tributaria, con una rebaja gradual del impuesto de primera categoría al 23%, la reintegración del sistema y la restitución de la invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo.

El segundo pilar es el fortalecimiento del empleo formal, a través de un crédito tributario para empleadores que paguen remuneraciones a trabajadores vulnerables. El tercero apunta a la facilitación regulatoria, con medidas para acotar plazos, limitar invalidaciones y reducir márgenes de paralización de proyectos. El cuarto se concentra en certeza jurídica y repatriación de capitales.

El quinto, en la contención del gasto público. La iniciativa, que llegará al Congreso la próxima semana en medio de negociaciones con Chile Vamos y los libertarios, es una ambiciosa reforma que busca romper con lo que calificó como “doce años de estancamiento”. Con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico nacional, el mandatario detalló un plan de cerca de 40 medidas articuladas en cinco ejes fundamentales que pretenden transformar la estructura productiva y fiscal del país.

La señal política es inequívoca: el Presidente Kast sostiene que la prioridad del país no es ampliar el gasto social, sino remover trabas al crecimiento. En esa lógica, el Presidente construye una relación directa entre menos impuestos, más inversión, más empleo y mayor bienestar. De hecho, en su discurso defendió expresamente la idea de que el crecimiento no es un fin en sí mismo, sino la base material para financiar salud, educación, seguridad y reconstrucción.

Pero es precisamente ahí donde se abre el principal flanco del proyecto, según analistas. La propuesta puede leerse como una hoja de ruta proinversión coherente con el ideario económico de la derecha, pero ofrece pocas señales concretas de alivio inmediato para la clase media, que en el mensaje aparece más bien subsumida dentro de una promesa general de dinamismo económico. No hay anuncios específicos orientados al endeudamiento de los hogares, al costo de la vida, a la presión de los arriendos, a la carga educativa o a los gastos en salud que golpean cotidianamente a ese segmento.

Los cinco ejes del proyecto Competitividad Tributaria: El fin de la “brecha” de inversión El primer pilar del proyecto ataca directamente la carga impositiva corporativa, que según el Ejecutivo, ha subido del 15% al 27% mientras la OCDE hacía lo contrario. La propuesta central es la reducción gradual del impuesto de primera categoría al 23%, nivel definido como el más competitivo de las últimas dos décadas. A esto se suma la reintegración total del sistema tributario, eliminando la doble tributación al permitir que lo pagado por la empresa sea íntegramente descontable del impuesto de sus dueños, fomentando así la reinversión de utilidades.

Además, para otorgar certeza a largo plazo, se reinstaurará el estatuto de invariabilidad tributaria, garantizando las reglas impositivas por un periodo de 25 años para grandes inversiones. Fortalecimiento del Empleo Formal y Pymes El segundo eje busca incentivar la contratación en el sector privado mediante un crédito tributario por pago de remuneraciones. Bajo este esquema, las empresas que empleen a los trabajadores más vulnerables recibirán un crédito directo contra sus impuestos, una medida que inyectará 1.

400 millones de dólares anuales de liquidez al sector productivo. Según el mensaje presidencial, esta iniciativa beneficiará a 235 mil pymes y protegerá a más de 4 millones de trabajadores, transformando la contratación formal en una ventaja competitiva en lugar de un “castigo”. Facilitación Regulatoria: Guerra a la “permisología” Para reactivar proyectos paralizados, el Gobierno propone empoderar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con autoridad real para filtrar observaciones de organismos sectoriales, evitando que la burocracia “mate el empleo antes de que nazca”.

Entre las medidas más agresivas destaca la reducción del plazo para invalidar permisos otorgados, que bajará de dos años a solo seis meses, y la limitación de las medidas precautorias que frenan proyectos. Asimismo, el Estado se compromete a reembolsar los gastos invertidos si llegara a revocar una resolución ambiental favorable. Como medida de choque para el sector construcción, se establece una exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas, con la meta de recuperar 180 mil empleos en dicha industria.

Certeza Jurídica y Repatriación de Capitales Buscando atraer recursos frescos al país, el proyecto abre una ventana de doce meses para repatriar capitales desde el extranjero, estableciendo un impuesto único del 7%, siempre que dichos fondos se mantengan invertidos en Chile. Este eje se complementa con la ya mencionada invariabilidad tributaria, enviando una señal de estabilidad a los mercados internacionales tras años de “incerteza”. Contención del Gasto y Alivio Social Finalmente, el Presidente vinculó la eficiencia del Estado con beneficios sociales directos.

El plan contempla triplicar los cupos de incentivo al retiro voluntario en el sector público para generar movilidad y aplicar medidas estrictas contra el abuso en licencias médicas. El ahorro derivado de estas eficiencias permitirá financiar la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda a los mayores de 65 años, compensando económicamente al Fondo Común Municipal por dicha merma. Como urgencia inmediata, el proyecto amplía el Fondo de Emergencia por Incendios en 400 mil millones de pesos para las regiones de Ñuble, Biobío y Valparaíso, facultando a la Tesorería para ofrecer condonaciones a quienes perdieron su patrimonio.

Kast concluyó apelando al Congreso para tramitar la ley con “altura de miras”, asegurando que esta no es una agenda ideológica, sino una herramienta para que el trabajo honesto alcance para vivir bien.