En paralelo, diputadas y diputados opositores de la Comisión de Educación presentaron un requerimiento ante la Contraloría, el cual acusa un "filtro político" en la implementación de los SLEP por parte de la Dirección de Educación Pública. Según los parlamentarios, tal repartición excede sus facultades al detener contrataciones de personal e impedir procesos administrativos, retrasando el traspaso y dando una justificación al Gobierno para frenar la desmunicipalización.