Ese principio no eliminaría la competencia. La obligaría, por fin, a darse donde corresponde: en precio real, en calidad de servicio, en disponibilidad, en bioequivalencia, en información útil al consumidor y no en la captura silenciosa de identidad sanitaria. Y también pondría un límite civilizatorio bastante básico: la salud de una persona no puede transformarse en materia prima de segmentación comercial.
La compra de un medicamento debe ser un acto privado. No porque el paciente tenga algo que esconder, sino porque el orden jurídico debiera reconocer de una vez que, en esta materia, identificar para descontar es el primer paso para perfilar. Y perfilar, cuando lo que está en juego es la salud, ya no es una simple herramienta de marketing.
Es una intromisión que una democracia seria no debiera trivializar.