El nombramiento del exministro de Obras Públicas, Martín Arrau, como nuevo titular de Seguridad Pública marca el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia. A 69 días del inicio del Gobierno de José Antonio Kast, el Presidente decidió sustituir a Trinidad Steinert, cuya gestión quedó marcada, entre otras cosas, por la tensión con el Congreso y la ausencia de una hoja de ruta clara frente a la crisis de seguridad. La debilidad que selló la mala relación de Steinert con el Congreso no estuvo en su diagnóstico sobre la crisis criminal, sino en su incapacidad para conducir políticamente la tramitación de iniciativas (tal como lo expuso el Editorial de El Mostrador del 14 de mayo, que puedes revisar en este link).

La exministra protagonizó constantes enfrentamientos con parlamentarios que exigían claridad respecto a la hoja de ruta estratégica de la cartera, cuadro que detonó, pocos días antes de su salida, el anuncio de una interpelación impulsada por diputados de oposición y el PDG. La citación, que requería 52 firmas, tenía un objetivo explícito: obligar a Steinert a exponer ante la Cámara cuál era el plan de seguridad del Gobierno. Esto, pese a que la exsecretaria de Estado había comparecido días antes para presentar el “Plan de Seguridad Pública en tiempos de emergencia 2026-2031”, el cual incluía tres ejes: recuperación del control territorial, aumento de la eficacia policial y fortalecimiento institucional.

Pero la lectura de esos enunciados nunca dejó conformes a los parlamentarios, que reclamaron por la falta de plazos, recursos y responsabilidades concretas. La propuesta del Senado de una nueva arquitectura institucional A la presión opositora se sumó que la propia coalición de Gobierno actuó frente a la falta de iniciativa de la cartera. Las mesas del Senado y la Cámara, junto a los jefes de comités y senadores de la Comisión de Seguridad, entregaron al Presidente Kast una propuesta de seguridad integral con foco en una nueva arquitectura institucional.

El documento prioriza 15 proyectos de ley en tramitación, plantea integrar las capacidades del Estado en seguridad pública, inteligencia, defensa, persecución penal, control fronterizo, ciberseguridad, protección civil e infraestructura crítica, y solicita que el tema sea eje central de la Cuenta Pública del 1 de junio. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), explicó que el trabajo se gestó durante semanas. “La seguridad tiene que estar al centro de la Cuenta Pública y transformarse en una prioridad concreta del Estado”, afirmó tras la reunión con el Primer Mandatario.

Añadió que el 1 de junio esperan “señales claras respecto de plazos, recursos, responsabilidades y coordinación institucional”, porque “la seguridad no puede seguir siendo solo una declaración de intenciones”. Su par de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), indicó que hicieron entrega en detalle de proyectos con su boletín y estado de tramitación, en materia de permisología, apoyo a Carabineros y PDI, además de una serie de iniciativas para incentivar el ingreso a las policías. “Tenemos doce mil vacantes en Carabineros que no han sido llenadas”, advirtió.

La propuesta incluye, además, cambios en la persecución a las drogas y en la coordinación entre agencias del Estado. La carpeta que hereda Arrau El nuevo ministro asume con una carpeta legislativa exigente. Entre los proyectos clave figura el Subsistema de Inteligencia Económica contra el Crimen Organizado, despachado por el Senado a fines de marzo y en segundo trámite.

También la modernización de Carabineros, en la Comisión de Seguridad del Senado, orientada a modernizar incentivos, extender la carrera funcionaria y establecer herramientas de gestión de planta. Mención aparte merece el único proyecto que Steinert alcanzó a ingresar: la iniciativa de Juicio Oral en Ausencia, que modifica el Código Procesal Penal para permitir la continuidad del juicio y la dictación de sentencia aun cuando el acusado no esté presente. El proyecto, con suma urgencia, fue aprobado por unanimidad en la idea de legislar por la Comisión de Seguridad del Senado, con plazo al 22 de mayo para presentar indicaciones.

A ello se suma el compromiso, anunciado por Steinert antes de su salida, de un proyecto para aumentar las remuneraciones de quienes ingresan a la Escuela de Formación de Carabineros –elevando el monto a $800. 000 en el segundo año– y de nuevos bonos ligados al riesgo y la eficacia policial, además de incrementos salariales para funcionarios destinados a “comunas riesgosas”. Todas iniciativas que ahora deberán ser asumidas y empujadas en el Congreso por el nuevo titular de Seguridad.

Entre otras iniciativas impulsadas por el Senado, está la modernización del Centro Integrado de Coordinación Policial (CICPOL), fortalecer la seguridad municipal y privada, y revisar a fondo el sistema procesal penal. Sobre este último punto, Núñez sostuvo que “el sistema procesal penal fue diseñado para una realidad distinta; por eso resulta necesario revisar herramientas investigativas, hipótesis de flagrancia, capacidades de persecución penal, protección de víctimas y espacios de impunidad generados por un modelo que no siempre responde a la sofisticación del crimen actual”. La Cuenta Pública como primera prueba El nuevo jefe de la cartera de Seguridad llega con un perfil sin mucha experiencia en la materia.

Ingeniero civil industrial, primer intendente de Ñuble y exconvencional constituyente, transitó desde la UDI al Partido Republicano y se perfiló como un hombre de confianza que condujo la campaña de segunda vuelta del actual Mandatario. Desde el MOP, su vínculo con seguridad estuvo en la elaboración del plan de infraestructura penitenciaria y la coordinación en la construcción de zanjas e infraestructura para el control fronterizo. Las altas expectativas respecto a la agenda de Seguridad –como eje fundante de la administración Kast– obligarán al secretario de Estado a desarrollar una conducción política que su antecesora nunca logró desplegar.

Una de las primeras tareas será recomponer las confianzas con el Congreso y el Ministerio Público, junto con instalar señales nítidas sobre los proyectos que el Gobierno considera urgentes y los plazos en que espera despachar. Asimismo, la Cuenta Pública del 1 de junio se perfila como el primer test de fuego de Arrau. Allí el Gobierno deberá ratificar si recoge la priorización de los 15 proyectos del Senado, con plazos y métricas verificables.

Evaluación que recaerá sobre el ministro si el Ejecutivo no responde con un plan robusto. En esa línea, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró el cambio ministerial , frente a la necesidad de responder a las demandas del país, “especialmente en un área tan sensible como la seguridad pública”. “Valoramos este ajuste ministerial, porque busca responder con mayor sentido de urgencia a las tareas que Chile nos ha encomendado.

Cuando la seguridad es una de las principales preocupaciones de las familias chilenas, el Estado debe tener capacidad de corregir, ordenar sus equipos y fortalecer su conducción”, señaló en una declaración posterior al ajuste de gabinete. Del mismo modo, la Mesa del Senado recordó que este cambio se produce luego de que los presidentes de ambas cámaras entregaran al Jefe de Estado una propuesta en materia de seguridad, orientada a avanzar hacia una nueva arquitectura institucional, constituyendo una señal de liderazgo desde un Congreso que se mantendrá vigilante frente a la gestión de Arrau. “Ese es el camino que debemos seguir: colaboración entre poderes del Estado, sentido de urgencia y resultados concretos para las familias chilenas”, agregó la senadora Núñez.