El 1 de mayo llega con gusto amargo para las y los trabajadores. Mientras la negociación por el sueldo mínimo terminó sin acuerdo, el ministro de Hacienda del Gobierno de José Kast, Jorge Quiroz, aparece empujando una ruta de ajuste presupuestario que golpea de lleno al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No es solo una discusión de números.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la propuesta del Ejecutivo para reajustar el sueldo mínimo, que contemplaba un aumento cercano a los $23 mil, basado en la variación del IPC. La multisindical, en cambio, había propuesto avanzar hacia un ingreso mínimo de $637 mil, en un contexto donde el costo de la vida sigue apretando el bolsillo. Tras la mesa de negociación, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, expresó el rechazo “a la propuesta que nos manifestó el ministro Quiroz y el ministro Arrau, porque la consideramos insuficiente”.

Y remató: “No cumple ninguna de las expectativas que consideramos necesarias”. La pelea ahora se traslada al Congreso. “Iremos al Parlamento a poner nuestras posiciones y hacerles entender que hoy día las cosas son más caras en el mes de abril que en el mes de enero”, indicó Díaz.

Dicho con peras y manzanas: el Gobierno ofreció una fórmula que apenas acompaña la inflación, mientras la CUT exige una recuperación real del poder adquisitivo. La diferencia no es técnica, es política. Para Hacienda, el supuesto margen fiscal manda.

Para las y los trabajadores, el sueldo no alcanza. Quiroz y la ruta de ajuste en Trabajo El otro flanco lo abre el oficio circular enviado por Hacienda para preparar el Presupuesto 2027 y el Programa Financiero 2028-2031. En ese documento, el equipo de Quiroz instruye a los ministerios a formular sus presupuestos bajo una lógica de restricción del gasto, revisión de programas y límites definidos desde Hacienda.

En otras palabras: antes de que cada ministerio diga cuánto necesita para funcionar o fortalecer sus políticas, Hacienda ya instala el marco de la estrechez. Y cuando achican la caja desde arriba, los programas sociales entran a competir entre sí por sobrevivir. En el caso del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el anexo es particularmente sensible.

Allí aparecen programas clasificados con recomendaciones de continuidad, ajuste presupuestario o discontinuidad. Según el documento, 74,3% de los programas del sector figura con recomendación de ajuste presupuestario; 8,6% aparece como “descontinuar”; y solo 17,1% queda sin observaciones. La propia lógica del anexo es dura: “ajuste presupuestario” no es una palabra neutra.

Implica una disminución de recursos que, de acuerdo con el criterio aplicado en el documento, puede llegar al menos al 15%. Por eso hablar de tijeretazo a programas del Trabajo no es exagerar el tono: es mirar el efecto concreto que puede tener esa instrucción sobre políticas públicas vinculadas al empleo, la previsión y los derechos laborales. Empleo, previsión y capacitación bajo presión Entre los programas que aparecen con recomendación de ajuste se encuentran iniciativas vinculadas directamente al bolsillo y la protección social, como el Aporte Familiar Permanente, el Subsidio Familiar, la Pensión Garantizada Universal, el Bono por Hijo, el Bono Invierno, la Asignación Familiar y Maternal, además de subsidios previsionales y prestaciones asociadas a invalidez.

También hay señales de presión sobre programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), entre ellos Becas Laborales, Bono al Trabajo de la Mujer, Despega Mipe, Formación en el Puesto de Trabajo, Fórmate para el Trabajo y Reinvéntate. Y la señal se vuelve más delicada cuando aparecen programas marcados con recomendación de descontinuar, como Becas del Fondo de Cesantía Solidario, Inversión en la Comunidad y el Programa de Fomento a la Empleabilidad Sostenible (PROFES). Esto no es menor.

Si se reduce una beca laboral, hay menos herramientas para que una persona pueda capacitarse. Si se ajusta un programa de empleabilidad, se achica una vía de entrada o retorno al mundo del trabajo. Si se toca la formación sindical, se debilita la organización de quienes deben defender sus derechos frente al poder empresarial.

La cuenta amarga del 1 de mayo La coincidencia política es evidente. Mientras el Gobierno no logra cerrar un acuerdo con la CUT por el sueldo mínimo, Hacienda instala una matriz de ajuste que puede golpear programas laborales y previsionales. Es decir, por un lado se ofrece un reajuste que el mundo sindical considera insuficiente; por otro, se prepara una poda sobre herramientas públicas que sostienen empleo, capacitación, previsión y protección social.

El problema de fondo es que el Gobierno de Kast parece mirar el mundo del trabajo desde la planilla fiscal, no desde la vida cotidiana. Pero las cuentas de las familias no se ordenan con proyecciones macroeconómicas ni con frases de eficiencia. Se ordenan con sueldos que alcancen, empleos estables, derechos garantizados y programas públicos que funcionen.

Este 1 de mayo, entonces, no llega con una señal de reconocimiento al trabajo, sino con una advertencia. La CUT entra al Parlamento a pelear por un sueldo mínimo de $637 mil, mientras Quiroz deja instalado un tijeretazo a programas del Trabajo que puede debilitar justo las políticas que deberían proteger a quienes viven de su pega. En buen chileno: no se puede saludar a las y los trabajadores con una mano y, con la otra, pasar la tijera por los programas que los sostienen.

Ese es el corazón de la cuenta amarga que deja este 1 de mayo. A continuación, el oficio y el anexo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que permiten ver por dónde entra la tijera del Presupuesto 2027.