La Comisión de Educación del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto de Escuelas Protegidas, que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, aunque sus integrantes manifestaron diferencias de enfoque respecto de su contenido y alcance. La instancia parlamentaria acordó continuar con la recepción de expositores el miércoles 13 y jueves 14, mientras que el viernes 15 se realizaría la votación de las indicaciones, las que deberán ser ingresadas al mediodía de esa misma jornada. Durante la sesión, la comisión escuchó a representantes de distintos centros de estudio y organizaciones del ámbito educativo.
Entre ellos, del Centro de Liderazgo para la Transformación de los Territorios Educativos (CELITEC), expuso Ernesto Triviño; la doctora en Economía y Educación de la Universidad de Columbia, Josefa Aguirre; desde la alianza entre Elige Educar, la Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián, participaron Paulina Guzmán y Consuelo del Canto; además de la directora ejecutiva de Fundación 2020, Ingrid Olea. En términos generales, los expertos coincidieron en que el proyecto presenta un énfasis punitivo que no garantizaría por sí solo una reducción de los episodios de violencia en establecimientos educacionales. En ese sentido, plantearon que la iniciativa debe complementarse con medidas de prevención y con herramientas de resolución de conflictos.
Asimismo, advirtieron que disposiciones como la eliminación de la gratuidad para estudiantes condenados por este tipo de conductas podrían implicar un riesgo de doble sanción y dificultar los procesos de reinserción. También señalaron que la revisión de mochilas debiera ser realizada por personal debidamente capacitado, y que las sanciones disciplinarias deben aplicarse de forma gradual y con pertinencia pedagógica. Otro de los puntos abordados fue la necesidad de distinguir entre violencia cotidiana —como el bullying, ciberbullying y el acoso entre pares— y la violencia extrema que inspira el proyecto, asociada a hechos con uso de armas blancas o de fuego.
En esa línea, los expertos advirtieron que el fenómeno de la violencia cotidiana es más extendido y requiere ser incorporado de manera más explícita en la discusión legislativa. La Comisión continuará la tramitación del proyecto durante esta semana, en medio de un debate que ha evidenciado consensos amplios en torno a la urgencia del tema, pero diferencias relevantes respecto del enfoque para abordarlo.